Resumen de la situación

Durante el segundo cuatrimestre de 2025, se registraron diecinueve víctimas fatales en dieciséis eventos mineros ocurridos en los estados Bolívar y Amazonas, lo que evidencia la persistencia de una crisis humanitaria en los territorios del sur venezolano vinculada al extractivismo informal. La recopilación de esta información, ante la ausencia de datos oficiales públicos, se basó en el seguimiento riguroso de medios regionales, redes sociales de periodistas locales y reportes ciudadanos, lo que reafirma la opacidad institucional en torno a la seguridad laboral en el sector minero.

La mayoría de los accidentes ocurrieron en minas a cielo abierto del estado Bolívar, particularmente en el municipio Sifontes, que concentró más de la mitad de los fallecimientos (10 de 19). Las causas de muerte incluyen derrumbes, caídas en cilindros mineros, inhalación de gases tóxicos, descargas eléctricas y complicaciones de salud en zonas de extracción, reflejando la precariedad de las condiciones laborales y la ausencia de controles técnicos y legales. Destaca el caso de un bebé de un año que cayó en un hoyo minero en El Callao, así como el fallecimiento de una mujer indígena pemón en Musükpa, dentro de la Reserva Forestal La Paragua, lo que subraya la afectación de poblaciones vulnerables.

Este panorama deplorable se inscribe en el contexto de la política del “Arco Minero del Orinoco”, donde la vida humana parece tener escaso valor frente a los intereses extractivos, y donde el Estado venezolano continúa mostrando una alarmante indiferencia ante la sistemática violación de derechos humanos en zonas mineras.