Arenas negras
Edición especial #08
El régimen venezolano utiliza a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para barnizar de legalidad la extracción ilícita, permitiendo incluso rutas de exportación que conectan el Arco Minero con el puerto de La Guaira y con destinos internacionales.
Tendencia
La tendencia actual evidencia una alarmante pérdida de control territorial y una cesión de soberanía en los estados Amazonas y Bolívar, donde la disputa entre facciones de la guerrilla colombiana (ELN y Segunda Marquetalia) ha escalado a un conflicto bélico abierto tras la ruptura de pactos en agosto de 2025. Esta ocupación extranjera de facto, facilitada por la inacción deliberada del régimen de Nicolás Maduro y continuada bajo la gestión de Delcy Rodríguez, ha transformado el sur de Venezuela en un teatro de operaciones paramilitar para el aseguramiento de recursos estratégicos, utilizando tecnología bélica avanzada en detrimento de la seguridad nacional.
Desde una perspectiva institucional, se consolida un esquema de "lavado de minerales" a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la cual opera como fachada legal para barnizar el expolio de recursos críticos como el coltán y tierras raras. La abismal asimetría en las incautaciones (381 toneladas en Colombia frente a apenas 1 tonelada reportada por Venezuela) desmiente cualquier esfuerzo estatal contra el contrabando y confirma la existencia de una frontera porosa diseñada para el enriquecimiento ilícito de la élite gobernante, integrando cadenas logísticas criminales que conectan el Arco Minero con puertos internacionales.
En el ámbito socioambiental, la expansión agresiva hacia zonas no tradicionales como la Serranía de Parguaza y la violación sistemática del Decreto N° 269 configuran un escenario de ecocidio y crisis humanitaria. Las comunidades indígenas Uwottuja, Jivi y Eñepá han sido sometidas a regímenes de esclavitud moderna y desplazamiento forzado bajo el fuego cruzado de grupos irregulares. Este panorama confirma que el patrimonio natural venezolano no solo financia la destrucción del tejido social, sino que sustenta la operatividad económica de una dictadura que ha normalizado la entrega del territorio a actores armados transnacionales.