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Lo que probablemente veremos en los próximos meses es la apertura de nuevas minas en el Alto Caura y el Alto Paragua, además de la continuación de la expansión de esta actividad en el estado Amazonas, en el Alto Ventuari, en el Alto Orinoco, en los parques nacionales Parima-Tapirapecó y Duida- Marahuaka, así como en el río Negro donde se han reportado balsas chupadoras. Es muy factible también que encontremos evidencias de creciente actividad minera dentro del parque nacional Serranía de La Neblina. Toda esta apertura en estas zonas seguramente será protagonizada por garimpeiros brasileños.

En cuanto a Yapacana, es posible que los incidentes violentos entre mineros y militares se incrementen. Hasta la fecha estos han sido esporádicos y poco cruentos. También preveemos que la minería en Yapacana continuará, tal vez en menor tamaño, pero que, en paralelo, los militares seguirán mostrando propaganda de su operativo, pero sin que realmente la minería llegue a su fin.

Es muy probable que los mineros desplazados empiecen a abrir o expandir nuevas minas hacia el sureste de Yapacana, y hacia territorios Piaroa hacia el norte de Amazonas (Cataniapo, Autana). Pareciera que los militares están preparando un escenario para prolongar el operativo indefinidamente, a fin de que la minería continúe bajo otros esquemas y otros acuerdos entre militares e indígenas, o entre militares y la guerrilla colombiana. El papel de esta guerrilla es aún desconocido en este nuevo escenario.

Con respecto a Gran Sabana, probablemente veremos una creciente consolidación de la actividad minera fuera del parque nacional, en manos de comunidades indígenas, y un crecimiento en general en la zona de Ikabarú. Dentro del parque nacional Canaima las minas seguirán creciendo, aunque no es descartable que los militares hagan algún operativo de propaganda a la luz de una posible visita de la Misión Reactiva de UNESCO, la cual se espera desde el año 2022 y que no se ha concretado por los obstáculos puestos por el régimen de Maduro.