Doce muertos en una mina que ya se había derrumbado

El 6 de diciembre de 2023 colapsó una pared —un barranco— en la mina de Paraiba, en la zona de San José de Wadamapá, y murieron al menos doce personas. La mina está bajo la responsabilidad del capitán indígena del sector 7-Ikabarú, Juan González.

Fue una tragedia anunciada, y no es una figura retórica: el 12 de noviembre había ocurrido un accidente idéntico en esa misma mina, aquella vez sin fallecidos que lamentar. Este mismo informe lo reseñó entonces, al dar cuenta del «súper derrumbe» de San José de Wadamapá. Entre un derrumbe y el otro pasaron veinticuatro días. En esos veinticuatro días nadie cerró la mina, nadie la inspeccionó y nadie cambió nada. La única diferencia entre el aviso y la catástrofe fue el número de personas que había dentro del barranco cuando cedió.

La autoridad que administra el riesgo

Esa mina no opera al margen de toda autoridad: opera bajo una. La minería de la Gran Sabana está controlada por las autoridades comunitarias indígenas, y esa es una de las conclusiones centrales de este cuatrimestre. Pero controlar una actividad implica responder por ella, y la seguridad de quien baja a un barranco no aparece en ninguna parte de ese control.

El problema de fondo no es el capitán de un sector. Es que el Estado venezolano ha dejado un vacío tan completo en la Gran Sabana que la única estructura que queda en pie para ordenar la minería es la autoridad comunitaria, sin recursos técnicos, sin inspección y sin ninguna obligación legal que cumplir, porque la actividad que administra es ilegal. Doce muertos son el precio de esa renuncia.

Mientras tanto, en el río Chaverú

El 11 de septiembre de 2023 una fuente denunció el inicio de trabajos mineros en el río Chaverú, en el mismo sector 7-Ikabarú: un grupo de habitantes de El Paují, acompañados de una excapitana, trabajando con pistolas de agua y máquina lavadora. Se nos aseguró después que no están utilizando mercurio.

El detalle que merece atención es el del capitán nuevo de El Paují, que no quiere que el Ejército entre en la zona y por eso ha prohibido que se abra mina al lado sur de la carretera, donde están todas las nacientes del río Caroní. Es una decisión de conservación tomada por una autoridad comunitaria, con la lógica de mantener al Ejército fuera. Dice mucho de en quién se confía y en quién no.