Operación Autana 2023: nueve meses, 10.260 desalojados y un parque que sigue siendo mina

La «Operación Autana 2023» empezó a ejecutarse desde principios de año en el municipio Atabapo del estado Amazonas. Su primera fase consistió en la retirada «voluntaria» de mineros ilegales, principalmente dentro del Parque Nacional Yapacana. Conviene fijar la fecha de su arranque, porque explica el resto: la operación se produjo justo después de que el Washington Post publicara un reportaje que exponía la gravedad de la minería dentro del parque y hasta en la cima del tepuy.

Ese reportaje no salió de la nada. Se apoyó en los informes que SOSOrinoco publicó en 2019 y 2020, donde ya se analizaban los impactos ambientales de la minería en el parque y se denunciaba la participación de la Fuerza Armada y de la guerrilla colombiana en el entramado criminal detrás del negocio. Y en los cuatro reportes del proyecto MAAP, de Conservación Amazónica, con imágenes de alta resolución y cuantificaciones publicadas en junio y julio de 2022 y en enero de 2023.

Es decir: durante años hubo evidencia pública, documentada y cuantificada. La actuación llegó cuando el problema apareció en un diario de Washington.

«Limpiar el Amazonas»

A partir del 1 de julio arrancó la segunda fase, con operativos de desalojo «en defensa de nuestros Parques Naturales, Bosques y Reservas Forestales», según el general en jefe Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional y comandante de la operación. El 10 de julio, Nicolás Maduro reconoció en su programa de televisión que en el Yapacana había unos diez mil mineros, y llamó a «limpiar el Amazonas» y a reforestar las zonas degradadas.

El 25 de agosto Hernández Lárez informó de que la operación había llegado a la cima del cerro Yapacana, a 1.345 metros, donde desmantelaron más de cincuenta estructuras y viviendas improvisadas. Al día siguiente, SOSOrinoco le hizo públicamente cuatro preguntas que siguen sin respuesta: si la Fuerza Armada no se había enterado de que había miles de mineros allí desde hacía más de quince años; si no es ella la encargada de impedir que eso ocurriera; cómo llegan las máquinas, la gasolina y los suministros a la cima de un tepuy; y qué hizo la ZODI Amazonas todos esos años. La organización añadió lo esencial: «no basta con desalojar mineros; tienen que establecerse las responsabilidades penales y administrativas de los cómplices que, por acción u omisión, por años han auspiciado la minería y se han enriquecido por dejar actuar a mineros y grupos armados criminales».

El 27 de agosto la orden pasó a ser la «evacuación inmediata»: ya no habría negociación, y los mineros venezolanos, extranjeros e incluso los indígenas debían salir. Ese día la cifra de desalojados alcanzaba los 10.260. El 21 de septiembre, tras las medidas judiciales precautelativas que autorizaron el desmantelamiento y la detención de los «líderes negativos», se informó de la detención de 51 personas, 42 de ellas extranjeras: 37 colombianos, dos brasileños, dos ecuatorianos y un peruano. Se desplegaron más de 25.000 militares.

Territorio libre de minería ilegal, según el comunicado

El 24 de septiembre de 2023, desde la cima del cerro Yapacana y en un mensaje transmitido por los medios del Estado, el mayor general Rafael Prieto Martínez, comandante de la REDI Guayana, declaró el parque «territorio libre de la minería ilegal» y dio por finalizada la operación. Días después se anunció que no se permitirían reingresos y que se incorporaban 150 guardianes de Inparques y 150 milicianos a las tareas de vigilancia y reforestación.

El 28 de septiembre, el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía y la Asociación Civil Kapé Kapé, junto con Radar de Amazonas, presentaron en Puerto Ayacucho un informe fruto de diez meses de investigación. Reconocen como positivas las operaciones contra los delitos ambientales, exigen que cese la permanencia de los grupos irregulares que controlan los mercados ilegales del parque, y exhortan al Estado a actuar respetando los derechos indígenas. Sus propuestas empiezan por la más incómoda: una misión de observadores independientes que constate in situ las condiciones del parque y las contraste con los reportes oficiales de la Fuerza Armada.

Hay motivo para pedirla. El 18 de diciembre, tres meses después de la declaración de victoria, la defensora indígena Nancy Herrera —golpeada y desplazada por la fuerza de su comunidad tras denunciar la presunta participación del general Maita, comandante de la ZODI Amazonas, en la minería del Yapacana— confirmó desde su refugio que los militares siguen trabajando la minería en el parque, en el sector El Filón.

La cumbre y la retórica

Todo esto ocurrió mientras los ocho países amazónicos se reunían en Leticia y luego en Belém, donde firmaron una declaración con 113 objetivos para proteger la integralidad de la Amazonía. SOSOrinoco fue directa tras la cumbre: no espera avances efectivos, sino más retórica, y exige al Estado que haga cumplir la legislación que ya prohíbe la minería en Amazonas y en todas las áreas protegidas. Legislación que existe desde hace décadas y que no ha faltado nunca. Lo que ha faltado es la voluntad de aplicarla a los propios.