Resumen de la situación

En Bolívar, continúa evidenciándose la esporádica y poco efectiva acción para erradicar la minería ilegal por parte de la FANB. Sin embargo, cuando esto ocurre siempre levanta malestar en la población, particularmente por la forma como tal represión es ejercida. Es obvio, por otra parte, que hay una comunicación entre las autoridades militares y las representaciones políticas de las comunidades indígenas, a fin de que éstas estén advertidas de los posibles operativos contra la minería y puedan ajustarse para prevenir choques o incidentes.

También hay evidencia de que los Grupos Armados Organizados (GAO), particularmente los vinculados al Tren de Aragua, estarían a sus anchas en la porción sur de Imataca, a lo largo de la troncal 10. La actividad minera en Gran Sabana, y en particular en Icabarú, pareciera estar recuperando su ímpetu, y el accidente trágico en la mina cercana a San José de Wadamapá, no parece hacer mella en este repunte. Toda esta minería está controlada por las autoridades comunitarias indígenas y sigue habiendo inversión de capital brasileño (dinero, equipos, logística) en el sector.

La minería en Caura también ha cobrado un repunte, incluso con algunas nuevas minas, tal como previamos en el reporte anterior, así como la actividad de balsas mineras a lo largo del río Caroní, en el último tramo antes de su desembocadura en el embalse de Guri. Se reafirma la importancia logística del aeropuerto de Santa Elena para la minería ilegal que se hace en el Alto Orinoco, y se confirma la actividad minera focalizada en la casiterita en esta región del estado Amazonas. La casiterita como nuevo recurso minero aparece con más frecuencia en la actividad detectada en algunos sitios del estado Bolívar, como por ejemplo en La Paragua y en Pijiguaos.

Es tal vez aún pronto para apreciar la repercusión del levantamiento de restricciones por parte del gobierno estadounidense para el comercio del oro de origen venezolano, pero en general pareciera haber indicios de una mayor actividad minera, en comparación con el cuatrimestre anterior.

En Amazonas el escenario sigue estando dominado por las actuaciones de represión y contención que siguen desplegando los militares venezolanos en torno al parque nacional Yapacana. Ya la situación se ha desbordado en ciertos casos y han habido víctimas fatales de los choques entre militares y mineros. A pesar de que los voceros militares anuncian que han sido exitosos en el desalojo de miles de mineros del parque nacional, las informaciones que llegan del terreno son contradictorias, ya que al parecer sigue habiendo actividad minera dentro del parque nacional, incluso en sitios que ya habían sido supuestamente desactivados por los militares. Otro de los fenómenos que apreciamos es que la actividad minera se ha incrementado en los alrededores del parque nacional, particularmente al sur del caño Yagua, límite sur del parque, así como la actividad minera en balsas a lo largo del Atabapo y del Casiquiare. Es decir, que los operativos militares estarían teniendo como consecuencia un desplazamiento de la actividad minera hacia otros espacios del estado Amazonas. Si bien es posible que la minería haya disminuido dentro de Yapacana, es obvio que se ha incrementado en otras zonas fuera del parque, e incluso se estarían incrementando en otras áreas protegidas, como en el parque nacional Serranía de La Neblina. En todo este escenario sigue notándose la falta de mención de la guerrilla colombiana como actor fundamental en la producción y tráfico de oro. Sin embargo, sigue llegando información, con insistencia, que toda la región de Amazonas, al sur de Yapacana, y especialmente la región de Río Negro-Casiquiare, sigue estando claramente controlada por esta guerrilla.

Por otra parte, por primera vez se reportan actuaciones de militares en el Alto Orinoco tendientes a reprimir la minería, pero no hay confirmación independiente de tales hechos. Sigue llegando información sobre la actividad minera en Alto Orinoco y no hay evidencias de que esté siendo efectivamente controlada por las autoridades. Sigue causando asombro que la obvia vinculación de la Guardia Nacional Bolivariana con la minería en esta región, y dentro de un parque nacional (Parima - Tapirapecó), no sea objeto de ninguna medida por parte de las autoridades militares. Sigue siendo de preocupación la ausencia de efectivas medidas de apoyo por parte del Estado ante la crisis sanitaria en las comunidades Yanomami del Alto Orinoco. Y la información que nos llega apunta a un recrudecimiento de esta crisis.

En cuanto a Esequibo, se reactivó la tensión en torno al contencioso territorial sobre el Esequibo, a raíz de la decisión de la Asamblea Nacional de convocar a un referéndum consultivo al respecto. Sin duda que esto colocó el tema sobre el tapete de la actualidad política internacional y nacional, y provocó un inusitado movimiento militar a lo largo de la línea límite de Bolívar con el territorio. Más allá de esto, el tema en el terreno sigue siendo el minero, y continúan las evidencias de la gran interrelación que existe entre los actores mineros del Esequibo y de Bolívar.