Resumen de la situación

Sin duda que el gran suceso de lo que va de año (2024) fue la tragedia de la mina llamada Bulla Loca. “Bulla” es un término local para denominar a un sitio donde se ha hecho un gran hallazgo de mineral de oro, y al cual acuden masivamente los mineros. Este sin duda fue un gran hallazgo y al parecer llegó a congregar a entre 6000 y 10000 personas. No sabemos con exactitud cuándo se halló la bulla, pero tenía unos pocos meses para el momento en que ocurrió el colapso de un barranco que sepultó a decenas de personas, con al menos 16 muertos reconocidos oficialmente.

Bulla Loca evidenció una vez más lo que ya sabemos de hace años: las autoridades más que hacerse de la “vista gorda” ante toda esta minería anárquica, la avalan y la permiten. La tragedia no pudo ser escondida y empezó a circular rápidamente saliendo de las redes sociales de los propios mineros. Esto se puede comprobar con el valiosísimo video que fue filtrado, y que está reseñado en el reporte, en el que un oficial militar reconoce el orgullo que sienten por los mineros, pero que hay que hacer un esfuerzo para no crear alarma sobre lo sucedido, con la promesa más o menos velada de que pronto podrán regresar a la mina. Realmente es difícil pensar que, a pesar del desalojo de la mina, no vayan a regresar los mineros en algún momento. También se evidenció el control de la mina por algún grupo criminal. La reacción de la cúpula militar, con un discurso institucional ambientalista, buscó sin duda, aminorar el efecto del video filtrado.

El otro hecho resaltante fue la denuncia de la carretera ilegal que un “empresario” brasileño con cédula venezolana construyó entre el poblado brasileño de Tepequém y la cuenca venezolana del río Icabarú, con el obvio fin de facilitar la logística del tráfico de oro y del boom minero que se está dando en esta cuenca. Este mismo empresario sería el promotor de la mina en San José de Wadamapá, famosa por un par de accidentes graves ocurridos a finales del 2023. Esta situación, le explotó en las manos al jefe indígena de ese sector, el cual se vió expuesto, ya que es bien sabido que toda la minería en el municipio Gran Sabana cuenta con el aval de la cúpula dirigente indígena que es afecta al gobierno. También se evidenció la crisis que esta denuncia acentuó entre la dirigencia indígena pemón, un sector de la cual está en contra de la minería. La denuncia de la carretera ilegal, que constituye una flagrante violación de la soberanía venezolana, levantó la reacción de las autoridades militares quienes amenazaron e hicieron el amague de que ingresarían a la zona a poner orden. Sin embargo no pasaron de las amenazas. Toda la evidencia recabada apunta a que hubo una negociación entre los militares y los dirigentes indígenas, a fin de no ingresar. La amenaza que la dirigencia indígena percibe es que con el ingreso de los militares, también ingresarán las mafias delincuenciales, o los grupos irregulares armados (guerrilla colombiana), con lo cual los indígenas perderían el control de las minas y causarían un disturbio social aún mayor al que ha causado la minería de por sí.

Otro signo de esta primera etapa del año fue la violencia desplegada por los militares contra la población civil, particularmente en El Manteco, y en general hacia la minería de los sectores vecinos al embalse de Guri. Esta violencia, donde incluso se llegó a quemar un sitio de asamblea de cristianos evangélicos, vino luego acompañada de algún tipo de negociación.

Finalmente, no podemos dejar de resaltar la extraordinaria temporada de incendios que azotó a la región, especialmente en Gran Sabana y en el noroeste del estado Bolívar. La cantidad de incendios y de superficie quemada ha batido todas las cifras conocidas históricamente. La gravedad del asunto es tal que seguramente sacaremos un reporte especial sobre este tema.

En general podemos concluir que los operativos anti-mineros de los militares en Bolívar son operaciones de propaganda e intimidación, a fin de imponer luego algún tipo de arreglo o negociación, donde la minería vuelve a la normalidad al cabo de poco tiempo. La única excepción a esto, por los momentos, es el caso de Bulla Loca, donde el impacto negativo a la imagen del gobierno los ha obligado a mantener el desalojo. Pero todo apunta a que esto no durará mucho.

Con respecto a Amazonas, lo más destacado ha sido la grave crisis sanitaria que sigue propagándose en el Alto Orinoco, particularmente entre los Yanomami. Un gran número de fallecidos y la ausencia de efectivas acciones por parte del estado, son el signo recurrente y distintivo de ello. Se evidencia además la falta de transparencia de las autoridades, particularmente del gobernador del estado, quien niega y rechaza las denuncias, pero luego sale a montar operativos de emergencia, pero dándoles una connotación de "normalidad".

Con respecto a lo que había dominado la escena de Amazonas durante más de un año, el desalojo de los mineros del parque nacional Yapacana, la situación actual es la siguiente: siguen operando algunos grupos mineros, obviamente avalados por las autoridades militares, tanto dentro del parque nacional, como en sus zonas aledañas. Ciertamente se desalojaron muchos y las evidencias están allí, pero por otro lado otras minas han crecido y se observan más deforestaciones. Esto puede significar que tienen el aval de las autoridades militares, o que estos no tienen todo el control. Dudamos mucho de la segunda posibilidad dado el gigantesco desplazamiento del que hicieron gala los uniformados el cual fue muy numeroso, aunque precario en medios logísticos y operativos.

La operación que llevaron a cabo los militares durante más de 1 año en Yapacana tuvo un efecto que nosotros llamamos “efecto cucaracha” y que consiste en que los mineros salen espantados, pero se esconden para luego reaparecer en otros sitios y con otros medios. El caso más llamativo es el de la zona de caño Yagua, al sur del parque nacional, donde la actividad minera repuntó. Otra evidencia es la creciente actividad de balsas mineras en el río Cunucunuma y el extremo sur del estado, en caño Pasimoni, esta vez dentro de la Reserva de Biosfera, y en los bordes del parque nacional Serranía de La Neblina. En este último caso se sospecha que algunas de las operadoras “turísticas” en esa zona mundialmente famosa por la pesca deportiva, pudieran estar actuando de fachada de operaciones mineras. También destaca que estas balsas son todas colombianas o brasileñas.

En el resto del estado Amazonas la situación sigue siendo la misma: paulatino incremento de la actividad minera en la cuenca del Ventuari, en los alrededores de La Esmeralda y al interior del parque nacional Duida Marahuaka, y por supuesto, en el Alto Orinoco (parque nacional Parima Tapirapecó).

Un primer asomo a la situación de Delta Amacuro nos revela otra situación grave de crisis sanitaria. El tema minero tal vez no sea el más relevante para ese territorio, pero la crisis humanitaria sí lo es. En este contexto resalta el posible asesinato de un religioso quien había denunciado el tráfico de seres humanos hacia Guyana.

En cuanto al Territorio Esequibo, continúa la tensión en torno al contencioso territorial, esta vez teniendo como foco de importancia la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba, aprobada por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no se evidencia alguna actividad militar relevante que pudiera tener relación con este contencioso.