Resumen de la situación

En este periodo mayo-agosto, sin duda el evento más relevante fueron las elecciones presidenciales del 28 de julio y la represión política que siguió al desconocimiento por parte del régimen de los resultados electorales que le fueron totalmente adversos, incluso en toda la región sur de Venezuela. La represión se manifestó con especial violencia en Amazonas, con detenciones arbitrarias y acoso a periodistas, incluyendo a indígenas entre las víctimas.

Las movilizaciones políticas del candidato ganador, Edmundo González, en el período de campaña electoral, fueron obstaculizadas abiertamente, pero a pesar de eso y del apabullante despliegue propagandístico del régimen, los resultados fueron catastróficos para el gobierno, inclusive en centros de votación en zonas mineras como Tumeremo, El Callao y Guasipati. El 82% de las actas electorales han sido publicadas, y la mayoría de las no publicadas corresponden a mesas electorales en sitios remotos y de difícil acceso en Bolívar y Amazonas. González ganó en Amazonas con el 59,44% de los votos; en Bolívar con 71,63%; en Delta Amacuro con 53,44%. En Esequibo no hubo mesas de votación.

Antes y después de la fecha de las elecciones, el gobierno continuó reportando la realización de operativos de desalojos de minería ilegal, pero sin que ellos pudieran ser confirmados en forma independiente, o que visiblemente tuvieran un efecto duradero. De hecho, la minería continúa expandiéndose a pesar de los supuestos operativos militares, como por ejemplo al sur del límite parque nacional Yapacana, en el sector Cárida y Yagua.

Uno de los hallazgos más importantes en materia minera es la verificación del inusitado movimiento minero en torno a la extracción de casiterita en el norte del estado Bolívar, y el municipio Autana del estado Amazonas, coincidiendo esto con los desalojos de mineros en el parque nacional Yapacana.

En cuanto a la parte política gubernamental minera lo más importante fue la defenestración del general Carlos Osorio, como jefe de la Corporación Venezolana de Minería, y de altos funcionarios de esa corporación.

En Amazonas resalta la proliferación de alcabalas fluviales ilegales, manejadas por comunidades indígenas, que interfieren y cobran peaje a pasajeros y por el paso de mercancías, sin que el gobierno les ponga reparo. También sigue siendo evidente la actividad minera en los parques nacionales Duida-Marahuaka y Parima Tapirapecó, y especialmente en este último en las adyacencias de puestos de la Guardia Nacional.

La situación en el Esequibo sigue siendo de amagues por parte del gobierno en la frontera con Bolívar, y de avance de la minería auspiciada por el gobierno guyanés.

De resto, se puede apreciar que la problemática minera sigue su curso, sin ningún signo de mejora, y con las consabidas consecuencias de contaminación, violencia y accidentes mineros.