Se cumplen dos años del asesinato de Virgilio Trujillo Arana.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y sus organizaciones de base, realizaron una marcha el lunes 1 de julio en Puerto Ayacucho, con el objetivo de entregar un documento en el Ministerio Público exigiendo respuestas tras haberse cumplido el 30 de junio de 2024, dos años del asesinato de Virgilio Trujillo, quien fuera un importante líder indígena Uwottüja y coordinador de la Guardia Territorial Indígena en el municipio Autana.
Eligio Dacosta, Coordinador General de ORPIA, explicó que se trata de “un documento petitorio sobre este asesinato para saber cuál es el estatus de esta investigación. Exigimos que el Estado dé respuesta por el vil asesinato del hermano Virgilio Trujillo. A dos años, no tenemos ninguna información por parte de las instituciones". Esta sería la cuarta vez que las organizaciones indígenas hacen una petición a las instituciones del Estado sobre el estatus del caso, pero hasta ahora no han tenido respuesta. Dacosta también explicó que tras el asesinato de Trujillo "las secuelas aún permanecen, pero hoy estamos retomando la lucha. Nuestros territorios aún siguen invadidos por personas ajenas. Nosotros necesitamos vivir en paz y vivir libres".
Por otra parte, el Programa Venezolano de Investigación-Acción en Derechos Humanos - Provea, publicó un artículo en su página web donde reseñan cómo, a pesar de los avances iniciales en la investigación sobre el asesinato de Virgilio Trujillo, y el anuncio de una rueda de prensa por parte de Douglas Rico, director del CICPC, para anunciar los resultados y esclarecer los hechos, han transcurrido dos años y aun las autoridades venezolanas no han aclarado el crimen, favoreciendo así la impunidad.
De acuerdo con Provea, “el Amazonas venezolano se ha convertido en ruta regular para las redes de los cárteles colombianos. El narcotráfico, la minería ilegal y la fuerte presencia de grupos armados son las principales actividades que afectan la vida cotidiana de comunidades indígenas que habitan esa región. (...) La consolidación de gobernanzas ilícitas -por encima de los derechos indígenas y la protección del ambiente-, está empujando a las poblaciones originarias de Venezuela a un peligroso desfiladero.”
Según registros de Provea, al menos 47 indígenas han sido asesinados desde el año 2010 en Venezuela, por agentes de la fuerza pública y actores no estatales, incluyendo presuntos miembros de disidencias de las FARC y el ELN.
Los miembros del Programa de Promoción de Derechos Indígenas “Wayamoutheri” y la organización Odevida, también se pronunciaron en solidaridad con los familiares de Virgilio Trujillo, las organizaciones indígenas de Amazonas y las comunidades Uwottüja afectadas por la ocupación/invasión de su territorio. A través de un comunicado, manifestaron su preocupación por que “mientras el proceso judicial abierto no avanza, los grupos externos armados continúan operando en el territorio ancestral indígena del pueblo Uwottüja y muchas personas continúan siendo amenazadas e intimidadas.”
En este sentido, solicitaron a los organismos del Estado encargados de la investigación judicial, “que tomen las medidas necesarias para garantizar la celeridad procesal y determinar las responsabilidades penales en el caso. De igual manera, la adopción de medidas urgentes para controlar la presencia de diferentes grupos externos que están generando violencia en las comunidades.” También pidieron que se tomen medidas de protección para las personas más vulnerables y amenazadas, y que se garantice el control de la minería ilegal, haciendo respetar el Decreto Nº 269 que prohíbe toda actividad minera en territorio del estado Amazonas.