Expansión minera, violencia, corrupción y crisis humanitaria en Amazonas

Expansión minera

La expansión minera en el Amazonas venezolano ha sido un tema de gran preocupación desde hace algunos años atrás, debido a sus impactos ambientales y sociales. La minería ilegal, especialmente la explotación de oro, ha sido una de las principales causas de la deforestación en Amazonas. Entre 2016 y 2020, se perdieron más de 140.000 hectáreas de bosque primario en esta región. La minería ilegal no solo destruye el hábitat natural, sino que también afecta a las comunidades indígenas que viven en esas zonas remotas.

Los pueblos indígenas, han visto sus territorios invadidos por mineros y grupos armados. Además, la minería ha generado conflictos y violencia en la región. Tal como el caso del asesinato del líder indígena Ye’kwana Joaquín Hernández y lo que ocurre con las familias del Alto Guayapo en el municipio Autana.

Organizaciones no gubernamentales y comunidades locales han llamado a implementar medidas para prevenir la minería ilegal y proteger el medio ambiente. También se ha pedido a los organismos internacionales que intervengan y apoyen la implementación de políticas públicas que respeten los derechos humanos y la biodiversidad.

Diferentes organizaciones indígenas que habitan en Amazonas, muestran preocupación por la división que existe en las familias que viven en zonas mineras. Hay quienes están de acuerdo en la explotación minera a gran escala, porque el beneficio económico es mayor, y quienes prefieren sacar oro de manera artesanal y sólo para uso de la familia, ya que de esta manera no destruyen tanto el territorio. Esta situación ha ocasionado enfrentamientos entre ellos, por el uso que le están dando a las tierras ancestrales.

Corrupción en la Gobernación de Atabapo

El estado Amazonas se divide en siete municipios, seis de los cuales sólo son accesibles por vía aérea y fluvial, no cuentan con entidades bancarias y la mayoría de las veces ningún control de las instituciones del Estado. A estas condiciones se suman las características geográficas, de infraestructura, de necesidades, tan distintas al municipio capital Atures.

En esos municipios no se hacen grandes obras, son muy pocos los proyectos que se ejecutan, y no se ve la gestión municipal. En el municipio Atabapo (tal como se reseñó en un informe anterior) los puntos de control civiles en el eje fluvial del Orinoco, nacieron como una opción de autogestión de las comunidades para resolver los problemas de los cuales la alcaldía no se estaba ocupando.

De manera extraoficial, una fuente del poder judicial informó que a la alcaldesa de Atabapo, Weissira Suárez, le están haciendo una investigación por los siguientes delitos: asociación para delinquir, “traición a la patria”, legitimación de activos, financiamiento al terrorismo y corrupción. Esa investigación también cursa para su pareja, Manuel Escobar, y para la administradora de la alcaldía del municipio Alto Orinoco, Osiris Gutiérrez.

La fuente señaló que el Gobernador Miguel Rodríguez está moviéndose a nivel nacional para dejar esa investigación sin efecto, para no tener problemas a lo interno del PSUV, y para no ocasionar daños colaterales tomando en cuenta que el próximo año deberían realizarse las elecciones regionales.

Respecto a hechos de corrupción en el estado Amazonas, hay que recordar que dos exalcaldes del municipio Alto Orinoco fueron imputados y condenados en los años 2009 y 2016 por peculado doloso propio, al terminar sus respectivas gestiones.

Militares acusados de traición a la patria

El 27 de noviembre se conoció la detención de 10 militares en el estado Amazonas, acusados de "traición a la patria" y otros delitos. Todos los detenidos pertenecen al componente de la Guardia Nacional Bolivariana, entre los que destaca con más rango el general de brigada Rafael García Fernández, quien era el jefe del Comando de Zona Nº 63 del estado Amazonas. También fue detenido el segundo comandante, coronel Euclides Rafael Gómez Salazar, quien a su vez era el jefe del Estado Mayor. Les siguen en la lista el teniente coronel Darwin Rigoberto, comandante de Apoyo Aéreo Nº 63; el mayor José Gregorio Santana Olivo, jefe de la División de Mantenimiento y Orden Interno de ese comando; el primer teniente Luis Pérez Mendoza, comandante del Destacamento de Comandos Rurales; el primer teniente Jhon Kenner Buitrago Jaimes, comandante del destacamento de Seguridad Urbana; así como otros cuatro sargentos.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Tribunal Militar Octavo de Control de Amazonas, por presuntamente estar incursos en los delitos de ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), contra la seguridad de la Fanb, desobediencia agravada, abuso de autoridad y traición a la patria.

Los hechos habrían ocurrido en la Base de Protección Fronteriza Cerro Carlos Delgado Chalbaud, donde habrían permitido el ingreso de aeronaves provenientes de Brasil.

Aunque en la noticia difundida por diversos medios de comunicación no se hace mención alguna sobre la actividad minera, es un hecho que SOSOrinoco ha señalado desde hace años que en las inmediaciones del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana del Cerro Chalbaud hay una intensa actividad minera. La logística para la extracción de oro en dicha área de las cabeceras del Orinoco entra desde Brasil mediante aeronaves que aterrizan en la base de la GNB. Anteriormente sólo se accedía a la zona mediante helicópteros que aterrizaban en el helipuerto de la GNB, pero desde hace un par de años los mineros construyeron una pista de aterrizaje, con el visto bueno de las Fanb, en las inmediaciones de la base militar. Toda esta actividad extractiva se realiza por parte de mineros ilegales provenientes de Brasil, quienes usan a la población indígena Yanomami local como mano de obra (esclava), con autorización de la Fanb, quienes obviamente se benefician con una parte del botín.

Protestan las comunidades indígenas por mal servicio eléctrico

El problema del suministro eléctrico en las comunidades indígenas de los ejes carreteros norte y sur, se agudiza más. La falta de mantenimiento en el tendido eléctrico y los transformadores que ya cumplieron su tiempo de uso, hacen que muchas comunidades indígenas pasen largos periodos de tiempo sin el servicio eléctrico. La forma en que las comunidades protestan, es cerrando el paso en la carretera nacional, para obligar a las autoridades regionales a que se aboquen a resolver el problema. Aquí tenemos una lista de las protestas más recientes:

• 24 de octubre: protesta en la comunidad indígena Mirabal
• 11 de noviembre: dos trancas de manera simultánea en la comunidad Agua Blanca y en la comunidad Porvenir.
• 28 de noviembre: tranca en la carretera nacional a la altura de Puente Galipero, no tenían servicio eléctrico desde hacía 15 días. Ese mismo día les fue entregado e instalado un transformador.
• 02 de diciembre: tranca en el Puente de Guerra en el eje carretero norte, una comunidad cercana tenía 3 meses sin servicio eléctrico. Ese sector corresponde a la parroquia Parhueña.
• 04 de diciembre: tranca en el eje carretero sur a la altura de la comunidad indígena Cerro de Oro, cuatro comunidades indígenas no tenían servicio eléctrico

Por ejemplo, el pasado mes de octubre de 2024, se anunciaron varios cambios en los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana. Estos cambios afectaron tanto a comandantes de unidades tácticas como de servicios de inteligencia y contrainteligencia