La "bulla" de Warí Ken y el ecocidio a las puertas del Salto Ángel
La devastación del Parque Nacional Canaima, Patrimonio Mundial de la Humanidad, ha entrado en una fase crítica este cierre de 2025. Lejos de la propaganda oficial que promete protección ambiental, la realidad satelital y los testimonios en el terreno confirman que la maquinaria minera opera a plena capacidad dentro de áreas protegidas, bajo la mirada cómplice de las autoridades militares y con el financiamiento de mafias vinculadas al tráfico de oro.
El crimen ambiental al norte del río Carrao
Una de las denuncias más alarmantes proviene de las cercanías del Auyantepui. A escasos kilómetros del Salto Ángel, ícono turístico de Venezuela, se ha abierto una nueva mina que viola flagrantemente la ley. Según reportes de la organización SOSOrinoco, la actividad en esta zona —iniciada a principios de 2025— ha deforestado 198.000 metros cuadrados de bosques vírgenes. El área impactada creció de 1,74 a 4,38 hectáreas solo entre abril y octubre.
Cristina Burelli, directora de SOSOrinoco, ha sido tajante al señalar que es el propio gobierno de Nicolás Maduro y la Guardia Nacional quienes "están arrasando espacios considerados Patrimonio Mundial". La presencia de 15 balsas mineras reportadas en el río Carrao evidencia que no se trata de minería artesanal de subsistencia, sino de operaciones industrializadas toleradas por el Estado.
Warí Ken: La "bulla" del año y el capital criminal
Simultáneamente, en el municipio Gran Sabana, la mina "Warí Ken" se ha convertido en el epicentro de la fiebre del oro de 2025. Ubicada dentro de los linderos de la comunidad indígena pemón de Chirikayén y cerca del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, este yacimiento superficial ha crecido exponencialmente gracias a la inyección de capital foráneo.
Fuentes en el terreno describen el sitio como un "desastre" donde operan 37 bombas y media docena de "misiles" (dragas potentes). Lo más grave es la vinculación directa con el crimen organizado: reportajes de investigación señalan que el principal financista sería Carlos Flores, hermano de un sujeto vinculado al tráfico ilegal de oro en el sur de Bolívar. Lo que comenzó como una mina superficial es hoy un hoyo de miles de metros cuadrados propenso a derrumbes, rodeado de campamentos precarios donde la cultura minera desplaza aceleradamente las tradiciones indígenas.
De Campo Alegre a "Campo Triste"
El impacto sociocultural es devastador. En sectores como Campo Alegre, también dentro del parque y separados de Warí Ken por el río Kukenán, la minería mecanizada ha borrado la vocación agrícola de la comunidad. Donde antes se sembraban frutales y tubérculos, hoy reina la destrucción del suelo. Esta transformación forzada de las comunidades indígenas, que pasan de ser guardianes de la selva a mano de obra o socios minoritarios de la depredación, constituye el daño más irreversible de la política minera de la dictadura.