Puerto Ayacucho - Puerto Carreño: La ruta de la trata y explotación infantil indígena
La porosidad de la frontera entre Venezuela y Colombia no solo facilita el contrabando de minerales y gasolina, sino que se ha convertido en una autopista para el comercio de seres humanos. Un reciente golpe policial en el departamento del Vichada, Colombia, ha expuesto la crudeza de esta realidad: una red de trata de personas dedicada a reclutar niñas y adolescentes indígenas en el estado Amazonas (Venezuela) para someterlas a explotación sexual en territorio colombiano.
El operativo de rescate
Tras 14 meses de investigación, autoridades colombianas desarticularon esta estructura criminal en Puerto Carreño, logrando el rescate de cinco víctimas —niñas y adolescentes— y la detención de tres personas. La investigación se originó gracias a la valentía de una joven que logró escapar del cautiverio y denunciar el horror que vivía. (Ver reporte oficial).
Modus Operandi: La vulnerabilidad como mercancía
Según la Fiscalía General de la Nación de Colombia, la red operó activamente entre julio de 2024 y octubre de 2025. El esquema era sistemático y depredador: contactaban a niñas y mujeres jóvenes, mayoritariamente de comunidades indígenas de Puerto Ayacucho, aprovechándose de la crisis humanitaria y la falta de oportunidades en Venezuela. Posteriormente, coordinaban su traslado fluvial hasta Puerto Carreño, donde eran encerradas y forzadas a ejercer la prostitución en establecimientos comerciales.
El nivel de crueldad de la organización quedó patente al descubrirse que una de las menores explotadas padecía de discapacidad cognitiva, una condición que los tratantes utilizaron para facilitar su sometimiento. Un efectivo de la Policía de Vichada detalló la estructura transnacional del delito: "Había una persona encargada de reclutar a las menores en el país vecino, Venezuela; las entregaba aquí a un establecimiento, y otra persona se encargaba de coordinarlas y dirigirlas".
Una frontera desprotegida
Este caso evidencia la ausencia total de mecanismos de protección por parte del Estado venezolano en Amazonas. Mientras del lado colombiano se activan protocolos de inteligencia y rescate, Puerto Ayacucho funge como un "coto de caza" impune donde redes criminales extraen a la población más vulnerable —la infancia indígena— ante la mirada indiferente o cómplice de las autoridades locales. La desarticulación de esta banda es una victoria para la justicia, pero también una alerta roja sobre las miles de vidas que siguen en riesgo en una frontera sin ley.