Resumen de la situación

Durante septiembre-diciembre de 2025, el estado Amazonas fue escenario de operativos militares (Escudo Bolivariano Maroa, Neblina 2025) que reportaron destrucción de campamentos, pistas y logística asociada a minería y narcotráfico en Maroa, Atabapo, Autana y Atures. Aun así, los hallazgos confirman la persistencia y cercanía de grupos armados irregulares —incluyendo ELN y disidencias de FARC— a la vida cotidiana, con incautaciones de drogas y combustible y con la reaparición de corredores ilícitos en sectores como Cárida y el río Cunucunuma. El patrón predominante es la intermitencia: periodos de "mano dura" seguidos de reorganización de las economías ilícitas, con desplazamiento de frentes y nuevas zonas de extracción en plena selva.

En paralelo, la violencia letal y los asesinatos selectivos en Puerto Ayacucho muestran el arraigo del sicariato y las disputas por economías ilícitas. La crisis sanitaria indígena se profundiza: denuncias Yanomami por falta de atención médica, muertes evitables por tuberculosis y malaria, y evidencia de desnutrición; a la vez, se registran actos de resistencia comunitaria —como la interceptación de cargamentos mineros en el Padamo— que revelan la defensa territorial ante la inacción estatal. El período también expone la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes frente a la trata transfronteriza, movilizados desde Puerto Ayacucho hacia establecimientos sexuales en Puerto Carreño; y, en contraste, la Pre‑COP Indígena capítulo Venezuela y los pronunciamientos de ORPIA articulan demandas de demarcación, reconocimiento de pueblos en aislamiento, fondos y moratorias a proyectos extractivos.

En el Estado Bolívar, durante el último cuatrimestre, se acelera la minería fluvial y mecanizada en las cuencas del Caroní y Paragua y sobre el Icabarú, con proliferación de balsas y dragas —incluso de dos pisos— que operan de día y de noche. La sedimentación y el aporte de lodos a los ríos se hacen visibles. Dentro del Parque Nacional Canaima emergen y se expanden nuevos frentes mineros a pocos kilómetros del Salto Ángel y a lo largo del río Carrao; al mismo tiempo, se documenta el colapso del turismo tradicional y la incorporación de miembros de comunidades a la minería como mano de obra y, crecientemente, como propietarios de equipos.

La cara humana del extractivismo se refleja en derrumbes de "cilindros" y de frentes a cielo abierto (El Callao, Gran Sabana), con decenas de fallecidos, restricciones de acceso a información y escenas de rescate prolongadas; también en explosiones de combustible por almacenamiento precario (La Paragua, Icabarú). La Troncal 10 y las rutas fluviales exhiben el tránsito regularizado de tambores de gasolina, motores y "maquinaria amarilla", atravesando alcabalas militares y de seguridad indígena; ello confirma engranajes logísticos sólidos que sostienen la destrucción de cuencas que alimentan cerca del 70 % de la electricidad del país. Entretanto, en zonas como Bulla Loca y Wasina persisten operaciones pese a la narrativa de control, y se reporta la presencia y disputa de bandas armadas y pranes que administran el negocio ilegal.

El período cierra con decomisos históricos en Brasil: incautaciones de oro ilegal en rutas que conectan Roraima con el eje Lethem-Boa Vista y aprehensiones de droga aérea sobre infraestructuras amazónicas, junto al anuncio de cooperación policial reforzada para la región. Este foco confirma la internacionalización del flujo ilícito de alto valor —oro y drogas— que parte del sur de Venezuela y permea cadenas regionales. Guyana, por su parte, intensifica controles y medidas contra el contrabando de oro proveniente de Venezuela, en un marco de tensión política asociado a la Guayana Esequiba y a señalamientos cruzados sobre redes criminales y corrupción. La presión externa aumenta el escrutinio, pero dentro de Venezuela no se observan respuestas sostenibles que reduzcan la oferta ilícita ni la devastación ambiental en curso.