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El cierre de 2025 confirma una espiral donde los operativos y decomisos, aunque visibles y mediáticos, no se traducen en control sostenido ni en protección efectiva de derechos. La minería ilegal y el narcotráfico se adaptan rápidamente, se desplazan a nuevos nodos y vuelven al mismo territorio bajo ciclos de permisividad y castigo, operando con un "semáforo" informal que regula la actividad según acuerdos locales y coyunturas de negociación. Esta intermitencia favorece la permanencia de redes criminales, la cohabitación de actores armados y la expansión de la economía ilícita en ecosistemas de altísima sensibilidad.

Se consolida una gobernanza criminal híbrida que articula pranes, bandas locales, disidencias guerrilleras y piezas de aparatos estatales, con capacidad para asegurar rutas y logística en tierra, río y aire. La violencia derivada —sicariatos, desapariciones, enfrentamientos, amenazas— normaliza la inseguridad y erosiona el tejido social en ciudades y comunidades ribereñas. Al mismo tiempo, la crisis sanitaria indígena se profundiza en escenarios de desatención crónica, mientras crece la resistencia comunitaria y la agenda propia de organizaciones indígenas que demandan demarcación, reconocimiento, fondos y moratorias.

El deterioro ambiental es acumulativo y sistémico: la deforestación asociada a frentes mineros, la sedimentación que compromete ríos clave y embalses, y la contaminación por mercurio que envenena las cadenas tróficas y amenaza la salud pública. Canaima, Caura, Duida-Marahuaca y Parima-Tapirapecó enfrentan presiones crecientes que comprometen su integridad como áreas protegidas y su valor excepcional de conservación. En paralelo, la dimensión transfronteriza muestra que el oro de sangre y las drogas del sur de Venezuela alimentan mercados regionales y globales, mientras la respuesta internacional aumenta el escrutinio sin que ello produzca, todavía, una reducción verificable de la oferta ilícita ni del daño ecológico.

Para 2026, el OSV recomienda sostener y profundizar el monitoreo comunitario, sanitario y ambiental, ampliar la cooperación con redes regionales de información, y mantener una lectura integral basada en derechos humanos y en el principio de no regresión ambiental. La prioridad es proteger la vida y los territorios, documentar responsabilidades y promover medidas concretas —incluida la moratoria a proyectos extractivistas en zonas críticas— que detengan la devastación y sienten bases para la recuperación ecológica y social del sur de Venezuela.