Maduro ordena recuperar el Amazonas, incluyendo Bolívar

Mediante dos mensajes de la red social X, el 12 de agosto de 2023, Nicolás Maduro ordenó fortalecer la cooperación cívico militar y policial para "liberar" el Amazonas de la minería ilegal.

Se necesitan hechos y no palabras para salvar el Amazonas Venezolano

De acuerdo a lo que reza uno de estos mensajes Maduro aseveró que es vital recuperar el estado Bolívar de la minería ilegal y bandas criminales. También dijo haber ordenado "fortalecer el despliegue permanente de la unión cívico-militar y policial en la zona sur del país"

Sin embargo, la crisis humanitaria y ambiental que vive la Guayana venezolana a causa la minería ilegal continúa agravándose; la explotación minera sigue en auge, bajo el amparo de las mismas Fuerzas Armadas que obedecen a los intereses de Maduro

Diez días después, el anuncio se hizo despliegue

El 22 de agosto de 2023 Maduro concretó la orden: anunció el incremento de efectivos militares, policiales y de milicia en la región amazónica para «liberar por completo» todos los parques nacionales, la Amazonía y las áreas protegidas. Añadió que coordinaba «acciones severas» con el gobierno colombiano contra las mafias que operan en la zona fronteriza cercana a Brasil.

Las cifras acompañaron al anuncio. Según la Fuerza Armada, desde el 1 de julio de 2023 fueron expulsadas de la Amazonía venezolana unas nueve mil personas señaladas como mineros ilegales, que la propia institución describía como una salida «voluntaria». Al cerrar el tercer trimestre del año, la cuenta de desalojados de Bolívar y Amazonas superaba los doce mil.

Y sin embargo, los yacimientos siguieron creciendo

La Operación Autana no empezó con esa orden: llevaba en marcha desde diciembre de 2022, para «erradicar» una minería que en el estado Amazonas está prohibida por decreto desde 1989. Al cerrar 2023, las organizaciones que vigilan el territorio reportaban que los yacimientos continuaban expandiéndose.

Wataniba documentó setenta focos de minería ilegal en territorios ye’kwana y sanema, con 934 hectáreas deforestadas. El líder indígena Eligio Da Costa lo resumió sin necesidad de mapas: «en los siete municipios de Amazonas hay focos de minería». Siete de siete, en un estado donde la actividad es ilegal en su totalidad.

Ahí está el problema de fondo de este tipo de anuncios. No hace falta una orden presidencial para aplicar un decreto que lleva más de tres décadas vigente; hace falta que quien tiene el deber de aplicarlo no sea parte del negocio. La orden se dirigió a la misma cadena de mando cuya omisión —cuando no su participación directa— permitió que miles de mineros, sus máquinas y su combustible llegaran hasta la cima de un tepuy sin que nadie los viera pasar.