Piratas, alcabalas y peaje en pesos: quién manda de verdad en el eje fluvial del Orinoco

En el municipio Atabapo no hay carreteras: hay río. El eje fluvial del Orinoco es la vía por la que entran los alimentos, el combustible, los enfermos y los maestros a decenas de comunidades indígenas que no tienen otra forma de comunicarse con el resto del país. Por eso lo que ocurrió el 11 de febrero de 2025 no es un robo más: es una demostración de quién gobierna ese territorio.

Ese día, un grupo armado interceptó una embarcación de la alcaldía del municipio Alto Orinoco que transportaba mil quinientas bolsas CLAP y otros insumos esenciales destinados a comunidades indígenas de la región. Durante varias horas la embarcación y los trabajadores de la alcaldía permanecieron retenidos bajo amenaza de armas largas. El ataque ocurrió en el sector Minicia, una zona conocida por la presencia de alcabalas ilegales que operan bajo el nombre de «puntos de control indígenas», lideradas por grupos locales entre los que destaca un individuo identificado como Cristóbal. En esas alcabalas se extorsiona a navegantes y transportistas y se exige pago en pesos colombianos a cambio de permitir el paso por el río. Los trabajadores y la embarcación fueron liberados después, pero el riesgo para quienes dependen de esas rutas siguió exactamente igual.

Días después, otra vez

Poco tiempo más tarde se registró un nuevo incidente en el mismo eje fluvial, esta vez con un grupo de indígenas que se desplazaba en una «voladora». En un video difundido en redes sociales se observa la embarcación retenida en medio del río por un grupo que los amenazaba desde otra lancha, mientras desde una tercera una mujer gritaba a los amenazados que continuaran su recorrido porque estaban «legales». El detalle es revelador: en ese río la legalidad ya no la define una autoridad, la define quien te deja pasar.

Lo más grave es cuándo ocurrió. Fue apenas días después de que la viceministra de Pueblos Indígenas y miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana realizaran un operativo en la zona precisamente para «desmantelar» los puntos de control irregulares.

El recorrido del que no quedó un informe

La respuesta oficial a las denuncias fue un recorrido por la zona de la viceministra para el Vivir Bien del Ministerio de los Pueblos Indígenas, María Vanessa Prieto Morán, acompañada de una delegación de peso: el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral n.º 63, el general de división Lionel Raúl Sojo Rada, el defensor delegado del pueblo Gumersindo Castro, y representantes de organismos policiales y del Ministerio Público. Visitaron varios puntos de control del eje fluvial.

De ese despliegue no se emitió información oficial detallada sobre los hallazgos ni sobre las acciones tomadas. La única evidencia disponible proviene de videos publicados por miembros de las comunidades indígenas. En algunos de ellos se reporta que campamentos asociados a puntos de control irregulares fueron desmantelados y quemados durante las inspecciones, pero nada de eso fue confirmado oficialmente y los detalles permanecen vagos: las imágenes muestran estructuras destruidas, sin que se sepa si se desarticuló alguna red o si se trató de una acción simbólica para demostrar presencia.

En la comunidad de Cárida los indígenas aprovecharon la visita para hablarles de frente a las autoridades. En un video compartido en redes se observa a líderes comunitarios tomando la palabra y planteando directamente el problema de los puntos de control y los incidentes fluviales recientes. Esa escena —una comunidad exigiendo explicaciones a un régimen que llegó de visita— dice más sobre el estado de la gobernanza en Atabapo que cualquier boletín militar.

Un poder repartido, no un vacío

Los ataques y las alcabalas ilegales reflejan una dinámica de poder donde se cruzan la minería ilegal, el contrabando y la influencia de grupos armados de origen colombiano. No afectan solo a la seguridad del transporte: afectan a la capacidad misma de distribuir recursos vitales a las comunidades más vulnerables, porque el cargamento secuestrado era comida que iba a comunidades indígenas. Y alimentan una desconfianza en las autoridades que ya es difícil de revertir.

Conviene no llamar a esto un vacío de poder. Un vacío es la ausencia de alguien; aquí hay alguien cobrando, con tarifa, en una moneda extranjera, a la vista de puestos militares. El régimen que se declara garante de la soberanía en el Orinoco no controla el Orinoco, y las comunidades que dependen del río para comer lo saben mejor que nadie.