Observatorio socioambiental

Durante cuatro meses la Fuerza Armada anunció campamentos desmantelados, motobombas incautadas y mineros detenidos en Amazonas. Al mismo tiempo, y en la misma zona, el transporte logístico de la minería ilegal nunca se interrumpió: siguieron entrando combustible, máquinas y gente hacia Cacique, Moyo, Maraya y Cárida. El régimen ya había declarado erradicada la minería del Yapacana en 2023, y el Yapacana sigue trabajando. Como resumió FundaRedes, los operativos «han servido para reacomodar el control de las minas en lugar de erradicar la actividad ilícita».

La prueba está dentro del propio parque que el operativo decía proteger. En 2021 no había una sola mina en el cerro Avispa; en 2022 había trece sobre quince hectáreas; para enero de 2025 eran veintinueve, con sesenta y tres hectáreas destruidas, dentro del parque nacional Serranía La Neblina. Una minería mecanizada de ese tamaño, en una de las zonas más remotas del país, no se esconde de un ejército desplegado: se tolera.

Lo único que el operativo produjo con nombre y apellido fueron siete indígenas colombianos detenidos el 30 de enero sin prueba alguna, desaparecidos durante tres semanas y liberados tras relatar torturas y extorsión, capturados además, según informes preliminares, en territorio colombiano. No es una excepción: es el trato ordinario a los detenidos de las zonas mineras, en su mayoría indígenas venezolanos sin asistencia legal. La diferencia es que estos siete tenían un gobierno extranjero preguntando por ellos, y que la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos lo dijo ante el Consejo en Ginebra: las operaciones militares contra la minería deben respetar los derechos de los pueblos indígenas.

El 11 de febrero un grupo armado interceptó una embarcación de la alcaldía del municipio Alto Orinoco que llevaba mil quinientas bolsas CLAP a comunidades indígenas, y retuvo durante horas a la tripulación bajo amenaza de armas largas. Ocurrió en Minicia, donde las alcabalas ilegales cobran en pesos colombianos por dejar pasar, y días después de un operativo oficial que iba a desmantelarlas. En un territorio donde el río es la única carretera, controlar el río es gobernar, y quien lo gobierna no es el régimen que dice ejercer la soberanía.

Tierra adentro el mecanismo es el reclutamiento. El informe de FundaRedes «El dilema de los indígenas del estado Amazonas: unirse a los GAI o ser desplazados» documenta lo que las organizaciones indígenas denuncian desde 2013: comunidades sometidas, maltratadas y asesinadas por negarse a trabajar en las minas que los grupos armados controlan. «Nos dijeron que, si no trabajábamos para ellos, nos matarían», dice uno de los testimonios. Y no se queda en las comunidades: en el casco urbano de Puerto Ayacucho una niña de catorce años dejó una carta sobre la cama antes de irse con un grupo guerrillero.

El daño más difícil de reparar es el tercero, porque no se ve desde un satélite. En el Alto Ventuari fue incendiada una casa comunal en represalia contra quienes se oponen a la minería; en Agua Linda, familias jivi que volvieron de Colombia encontraron su comunidad ocupada y llevan meses en enfrentamientos que la Guardia Nacional no ha atendido; en el bajo Caura desapareció durante días un joven comunicador ye’kwana conocido por sus denuncias. La minería no solo compra militares y ríos: compra dirigencias, divide familias y convierte al vecino en enemigo.

Tres campamentos de pesca deportiva —brasileño, colombiano y venezolano— operan en el río Pasimoni, dentro de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, atendiendo turistas extranjeros que entran desde Colombia, sin beneficio para los lugareños y sin que un ciudadano venezolano pueda acceder sin una montaña de recaudos. Poco después la tropa tomó una de esas posadas, forzó sus puertas y se llevó motobombas, alimentos, herramientas y hasta productos de aseo, según denunció su operador turístico indígena. Ni el descontrol previo ni el asalto posterior son gobierno: son turnos.

Frente a eso, lo único que se parece a una política de territorio en este cuatrimestre lo firmaron las propias comunidades: las autoridades tradicionales huottöja de la cuenca del Cataniapo suscribieron su Plan de Desarrollo Integral de Vida, resultado de veintidós años de trabajo de treinta y cuatro comunidades. Lo hicieron sin el régimen y, en buena medida, a pesar de él.

Cerca de mil trescientos niños, niñas y adolescentes abandonaron la escuela para internarse en las minas del Arco Minero, en túneles de hasta setenta metros sin preparación ni seguridad. Los accidentes mineros se concentran en Bolívar —el 75 % de los eventos y el 82 % de la mortalidad de 2024— porque allí está la mina, y la mina es el ingreso.

El porqué está en las cifras: en 2024 el petróleo generó ocho mil millones de dólares y el narcotráfico junto con la minería ilegal sumaron trece mil. Mientras el oro ilegal siga valiendo más que el negocio legal, ningún operativo va a competir con él, y menos cuando quien lo ordena participa del reparto. La contraparte llega desde fuera, en forma de factura: un tribunal portugués confirmó un laudo que obliga a Venezuela a pagar unos mil cien millones de dólares a una minera canadiense, con embargos ya en curso.

Habitantes de El Callao denunciaron —de forma anónima, por miedo a represalias— la alianza entre altos mandos del gobierno de Nicolás Maduro, funcionarios militares y policiales, grupos paramilitares y bandas criminales. El jefe del Tren de Guayana cobra «vacunas» a mineros, bodegas, motorizados y población civil, controla las minas ECLA y La Talavera, y la denuncia menciona fosas comunes en el Cerro del Brujo. En el Alto Caura llegó una banda nueva a disputar el río Yuruaní; en Guaniamo, epicentro del tráfico de diamantes, la denuncia apunta al ELN. No es un vacío de poder: es un poder repartido, y en más de un caso son la misma estructura con dos nombres.

Bulla Loca muestra hasta dónde llega ese reparto. Casi un año después de que el mayor general Domingo Hernández Lárez asegurara que la mina estaba inoperativa tras desalojar a unas diez mil personas, sigue trabajando; un tribunal decretó el cese de la actividad minera en la Reserva Forestal La Paragua y en abril los militares detuvieron a seis mineros, y La Paragua salió a exigir su libertad. Entre una cosa y otra, un vocero de los mineros lo dijo delante del Ministerio de Pueblos Indígenas y de la Gobernación: «Maduro no quiere irse de la Presidencia, así no queremos desalojar de aquí, de Bulla Loca». Quien desobedece arriba no puede exigir obediencia abajo, y ambos lo saben.

El estado Bolívar concentra cerca del 40 % del agua superficial de Venezuela y sus cuencas se degradan al ritmo de la minería: cien mil hectáreas afectadas en el país, cuatro mil nuevas en zonas protegidas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Al menos ocho operaciones mineras rodean el Salto Ángel, quince balsas trabajan en el río Carrao dentro del parque nacional Canaima y, río arriba, un desvío en el Uaiparú lanza sedimentos que acortan la vida útil de las turbinas del Guri. El régimen que somete al país a racionamiento eléctrico tolera la minería que acorta la vida de la represa que produce esa electricidad.

Las normas existen y se incumplen a la vista. Una resolución en Gaceta prohíbe desde 2020 las balsas mineras en el río Aro, donde hoy opera una draga industrial china. El águila harpía tiene veda indefinida y está en peligro de extinción desde 1996, y un hotel la exhibía en una jaula: se designó fiscal, se intervino el hotel y del expediente no se supo más. Mientras tanto, en Wonkén se anuncia la apertura de una pica para meter equipos y la carretera ilegal que conecta Tepequém con Ikabarú se amplía para que pase maquinaria pesada, con el combustible garantizado que a los habitantes de Gran Sabana se les raciona.

Diez años después de las primeras salidas, unos setecientos warao viven en Belém do Pará. Al menos ocho murieron allí en 2024 de neumonía y tuberculosis, enfermedades que se curan donde hay un sistema de salud, y la xenofobia que enfrentan los vuelve todavía más vulnerables. Salieron del Delta huyendo de un territorio donde el régimen no garantiza ni comida ni medicina: que la única salida disponible sea la migración forzada no es un accidente de la geografía.

En la Guayana Esequiba ocurre lo simétrico. Guyana presentó su réplica ante la Corte Internacional de Justicia y otorgó a ExxonMobil un área de exploración que, según el Colegio de Geógrafos de Venezuela, se extiende en un 80 % sobre mar venezolano; la Armada denunció veintiocho buques perforadores operando en la zona en controversia. La respuesta del régimen no fue jurídica sino electoral: postuló a un almirante como candidato a gobernador de un estado creado por decreto, donde no presta un solo servicio. Y en la frontera real, seis soldados guyaneses resultaron heridos por miembros de un sindicato venezolano cuyos heridos fueron atendidos, sin que nadie los molestara, en un hospital de Ciudad Guayana.