Gran Sabana: balsas en el Caroní, picas nuevas y combustible que solo llega a la mina

Si hay un lugar donde puede verse de un vistazo la contradicción entera del modelo que sostiene el régimen, es el municipio Gran Sabana. Aquí está el parque nacional Canaima, patrimonio de la humanidad; aquí está la cabecera del Caroní, que produce la electricidad del país; y aquí, este cuatrimestre, se contaron balsas mineras trabajando día y noche mientras los habitantes pagaban dos dólares por litro de gasolina brasileña porque la venezolana no llega.

El Salto Ángel, rodeado

El 12 de marzo de 2025, Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, afirmó que el Salto Ángel está siendo rodeado por al menos ocho operaciones mineras distintas. La mayoría se detectan fácilmente en Google Maps, y una de ellas está a orillas del río Carrao, a menos de quince millas de la caída de agua. Diez días después, el periodista Fritz Sánchez denunció que solo en el tramo cercano a la boca con el río Churún operaban quince balsas dentro del sector occidental del parque.

El 9 de febrero se contaron alrededor de diez balsas en el Caroní medio, sector Urimán. El 1 de abril, un video del sector Aripichi mostraba barracas de plástico, máquinas mineras y el cauce destruido; el video estaba musicalizado con «Pacas de a kilo», un narcocorrido mexicano, lo que dice bastante sobre cómo se percibe a sí misma esa economía.

Destruir la cabecera del río que da la luz

El 25 de marzo, a propósito de la sequía y sus efectos sobre la central hidroeléctrica de Guayana, SOSOrinoco señaló que la destrucción de las cabeceras del Caroní continúa porque altos funcionarios militares y civiles participan del negocio minero en una zona de reserva hidráulica, sin controles ni medidas de compensación. La imagen corresponde al río Uaiparú, cabecera del Caroní: los sedimentos generados por el desvío del caudal afectan el funcionamiento de las turbinas y la vida útil del Guri. Una fuente indicó que ese desvío se construyó en los años noventa, durante una avanzada minera anterior, y que se habría ampliado ahora.

Es difícil imaginar una autodestrucción más literal: el mismo régimen que somete al país a racionamiento eléctrico tolera la minería que acorta la vida de la represa que produce esa electricidad.

El combustible que sí llega

El 13 de febrero, Fritz Sánchez planteó la pregunta que resume el asunto: cómo es posible que, estando el control y el suministro de combustible en manos del gobierno, se incremente su tráfico para el aprovechamiento minero en áreas protegidas. La imagen que acompañaba la denuncia mostraba un camión cargado de combustible atravesando el río rumbo a la comunidad indígena de Wonkén, dentro del parque nacional Canaima, en el mismo curso de agua donde está instalada la hidroeléctrica de la comunidad.

El 13 de enero, la venta informal de combustible había explotado en la jurisdicción de la comunidad indígena de Maurak, a un kilómetro de la Aduana Ecológica de Santa Elena de Uairén y de la alcabala de la Guardia Nacional. Una fuente aseguró que en el sitio se almacenaban veintisiete tanques de mil litros cada uno y alrededor de ochenta tambores con unos dieciséis mil litros más: el equivalente a una gandola completa, además de turbinas, mangueras, tuberías y otros equipos mineros. A un kilómetro del puesto de control. Mientras tanto, los conductores de autos y motos del municipio pagan cerca de dos dólares por cada litro de gasolina brasileña, porque a esta frontera la venezolana no llega.

El 14 de diciembre de 2024, Fritz Sánchez había publicado fotografías de una balsa minera de dos pisos —maquinaria de dragado, lavadora y vivienda— que opera sobre el río Ikabarú, en el Sector 7 del pueblo pemón. El equipo pertenecería a un hombre conocido como «Marcos, el guyanés», y trabaja las veinticuatro horas del día pese a las restricciones de combustible que sufre el resto de Gran Sabana. El 12 de febrero se documentó otra balsa de dos pisos fondeada en el mismo río, cerca del Puerto Los Caribes.

Carreteras nuevas para máquinas grandes

El 15 de marzo se conocieron denuncias sobre la ampliación de la carretera ilegal que conecta Tepequém-Amayari, en Brasil, con zonas de extracción aurífera ilícita en Ikabarú, como La Sabana, San José de Wadamapá y El Carmen. La ampliación, ejecutada con maquinaria, permitiría el acceso de equipos de gran porte, combustible, mangueras, tuberías, bombas y lavadoras. En los videos publicados se ven aterrizar dos helicópteros: uno con matrícula PR-KGM, del estado brasileño de Paraná, empleado para trasladar equipos y personas de nacionalidad brasileña, y otro de matrícula YV5634. La denuncia señala como responsables de esa mina a un ciudadano brasileño apodado Paraíba y al excapitán del Sector 7-Ikabarú, Juan Gabriel González. La zona es parte de la Zona Protectora Sur del estado Bolívar y de la Reserva Hidrográfica del río Ikabarú. La existencia de esa vía ilegal la había dado a conocer SOSOrinoco un año antes.

El 5 de abril, un grupo de excursionismo anunció en Instagram que en Semana Santa de 2025 se abriría una vía terrestre hacia Wonkén, comunidad del sector oriental del parque nacional Canaima a la que hasta ahora solo se llegaba por aire. Wonkén fue una comunidad agrícola cuya vida giraba en torno a su escuela técnica agropecuaria, hasta que salieron las religiosas que la dirigían y se intensificó la minería. Una fuente lo dice sin rodeos: «aparentemente hay alguien a quien le interesa que esa pica se abra para meter equipos mineros, se habla también de que se encontró un yacimiento de coltán de buena calidad». La información debería interesarle a Inparques, que tiene jurisdicción sobre ese territorio.

El 4 de marzo se denunció el ingreso de insumos mineros a la zona de Kavanayén, también en el sector oriental del parque: una camioneta cargada de mangueras de gran grosor e imágenes satelitales que ubican una zona minera al sur de la comunidad. Una fuente confirmó que en Kavanayén hay quienes, ante la falta de turistas, trabajan en la mina, y que en las bodegas se aceptan puntos de oro como en cualquier otra zona minera del sur del Orinoco.

Los muertos y los que mandan

El 4 de marzo, fuentes vinculadas a Protección Civil confirmaron un derrumbe en las inmediaciones del Kimillo, Sector 7-Ikabarú, en la mina de una familia indígena de apellido Lima, cerca de Achakén. Falleció un minero no indígena y su cuerpo no pudo ser recuperado por el peso de la piedra y el riesgo que suponía entrar al sitio.

El 8 de diciembre de 2024, Carlos Herrera fue electo capitán general del Sector 7-Ikabarú, con la propuesta de desacelerar la voracidad y la cultura mineras en el territorio, y Eduardo Rossi fue electo capitán general del Sector 2 Kamarata-Kanaima. En entrevista, Rossi habló de mejorar el abastecimiento de combustible para la planta eléctrica y de conectar por aire las cuevas de Kavak, atribuyó la minería que practican los habitantes de Kamarata a la falta de empleo y propuso convertir a Canaima en consumidora de los productos agrícolas de Kamarata. Admitió además que el problema de las aguas negras, sobre todo en verano, se agrava junto al campamento Wakú Lodge: «Es descontrolado», dijo.

Turismo militar

El 9 de enero, el gobernador de Bolívar, Ángel Marcano, señaló que durante el asueto navideño el municipio recibió más de cuatro mil visitantes, el 80 % procedentes de Brasil. Las estimaciones locales hablan de unos trescientos vehículos con placas venezolanas y unos mil quinientos nacionales en el sector oriental de Canaima. El contraste es brutal: en temporadas equivalentes de 2013 visitaron la región al menos veinticinco mil personas, según registros de Protección Civil. El turismo se derrumbó a partir de 2019, tras la balacera de Kumarakapay que dejó cuatro indígenas muertos, y desde entonces dejó de llegar con regularidad la gasolina con la que se abastecía a los visitantes.

El 23 de enero, la concentración Escudo Bolivariano se realizó a la altura de las banderas, sobre la frontera con Brasil, reuniendo a empleados públicos, efectivos policiales, militares y milicianos. Una fuente aseguró que funcionarios de la Alcaldía y del Seniat posaron con fusiles, y hasta el sitio se movilizaron los blindados del Fuerte Roraima. Durante el acto, varias camionetas cargadas de milicianos traspasaron la frontera y dieron la vuelta en la redoma, en territorio brasileño, lo que generó protestas en redes. Cuatro mil turistas al año y un desfile de blindados: eso es todo lo que el régimen ha sabido hacer con la Gran Sabana.