Estado Bolívar: Radiografía de un Territorio en Sacrificio
El estado Bolívar, y en particular el Parque Nacional Canaima, vive una tragedia acelerada por la fiebre del oro. Una avalancha de denuncias, informes y testimonios pinta el retrato de un ecocidio en tiempo real, acompañado de una crisis de violencia, salud pública y la compleja lucha de las comunidades indígenas por sobrevivir en medio del caos.
La arremetida contra Canaima es implacable y se manifiesta en forma de "bullas" mineras, una movilización masiva que evidencia la politica extractivista de la dictadura de Maduro y la inyección de capital externo. La bulla en el sector Wonkén, con cientos de motos atravesando la Gran Sabana, y la nueva "bulla" en Parupita, abastecida por avionetas, demuestran la escala industrial de la operación. Esta expansión abre nuevas minas en zonas prístinas como Araparita y agrava el peligro que se cierne sobre la icónica región de Wonkén. Las cifras son escalofriantes: SOSOrinoco ha denunciado la existencia de 129 emplazamientos mineros dentro del Parque Nacional y un aumento de la destrucción del 1.300% desde el año 2000.
El impacto es sistémico. La minería en la isla Apacara ha destruido el 35% de su bosque y vierte sedimentos que amenazan la operatividad del Guri, afectando el suministro eléctrico de todo el país. Esta catástrofe ha sido llevada a instancias internacionales, con un informe presentado por SOSOrinoco ante la UNESCO que documenta el desastre. Mientras tanto, la visita del cantante Farruko a Canaima, que mostró una postal idílica sin mencionar la crisis, evidencia la desconexión entre la imagen turística y la cruda realidad.
El costo humano de esta devastación es incalculable. La salud de las comunidades está gravemente comprometida. En El Callao, el mercurio es “el veneno que respiramos”, causando daños neurológicos, mientras que en Los Pijiguaos la situación es crítica: la exposición a la radiación por la extracción de casiterita está causando quistes y tumores en la población. A esto se suman los accidentes mortales, como la muerte de un minero de 35 años en la mina La Sarrapia.
En este territorio sin ley, la violencia es la norma, como lo demuestra el brutal ajusticiamiento de dos funcionarios de la PNB en Santa Elena de Uairén. En medio de esta tormenta, las comunidades indígenas intentan navegar la crisis. El pueblo pemón del Sector Ikabarú emitió un comunicado ratificando su vocación de paz y exigiendo respeto a su autonomía y territorio, mientras lidian con presiones como la pérdida de cupos de combustible para el mantenimiento de sus vías. Su lucha es por la supervivencia, en defensa de la vida y un territorio que está siendo sacrificado.