Resumen de la situación

Durante el período abril-agosto de 2025, el sur de Venezuela continuó inmerso en una grave crisis socioambiental, marcada por la expansión de la minería ilegal, el fortalecimiento de redes criminales y la profundización de la vulneración de derechos humanos, especialmente en territorios indígenas.

En el estado Amazonas, a pesar de los operativos militares como la “Operación Neblina 2025”, la minería ilegal se reconfigura y se expande hacia nuevas zonas como Cárida y el río Cunucunuma, con participación de grupos armados irregulares, incluyendo guerrillas colombianas. La complicidad institucional, la corrupción y la falta de alternativas económicas para las comunidades indígenas han generado una cultura minera que desplaza la educación, la salud y la seguridad. Se reportan muertes por accidentes mineros, enfermedades como tuberculosis y malaria, y desapariciones de jóvenes presuntamente reclutados por grupos armados.

En Bolívar, la minería ilegal continúa devastando áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima, con más de 129 emplazamientos mineros identificados. En todo el estado, la violencia estructural se manifiesta en asesinatos, explotación laboral, feminicidios y esclavitud moderna. La complicidad de actores estatales y el control territorial de bandas como el Tren de Guayana evidencian la ausencia de estado de derecho. La contaminación por mercurio afecta cuencas hidrográficas y la salud de las comunidades, mientras el tráfico de oro ilegal se consolida como fuente principal de ingresos para redes criminales.

En Delta Amacuro, los pueblos indígenas warao enfrentan desplazamientos forzados, control territorial por parte de grupos armados como el ELN y las FARC, y una creciente precariedad que los obliga a migrar en condiciones de vulnerabilidad extrema. La falta de presencia institucional y la marginación histórica agravan la crisis humanitaria en la región.

En el Territorio Esequibo, la disputa geopolítica se entrelaza con dinámicas de contrabando de oro, presencia de bandas armadas y procesos electorales sin garantías democráticas. La instrumentalización del conflicto por parte del Estado venezolano desvía la atención de la crisis interna y pone en riesgo la estabilidad regional.

Transversalmente, se observa una profundización de la impunidad, la corrupción y la falta de rendición de cuentas. La violencia contra defensores ambientales, la criminalización de la protesta y la desprotección institucional refuerzan un modelo extractivista que vulnera derechos fundamentales y amenaza la sostenibilidad de la Amazonía venezolana.