Observatorio socioambiental

Entre mayo y agosto de 2025 se intensificaron los operativos militares en Amazonas bajo la Operación Neblina 2025, y los hallazgos de organizaciones independientes muestran lo de siempre: la minería ilegal sigue operando con fuerza. Lo que cambia no es la cantidad, es la ubicación. La actividad se reordena y se expande hacia Cárida y el río Cunucunuma, y las rutas fluviales siguen moviendo insumos y balsas con complicidad institucional y escasa presencia militar en la frontera.

La casiterita muestra el mismo mecanismo desde su ángulo menos vistoso. Es una minería que ha pasado desapercibida porque no deja el cráter a cielo abierto del oro, pero es igual de ilegal en Amazonas, y hubo que interceptar un cargamento para que existiera en el registro público. Mientras el régimen mide su éxito en campamentos destruidos y motobombas incautadas, lo que ocurre sobre el terreno es un reparto: cada operativo desplaza la mina unos kilómetros y cambia de manos quien cobra por ella.

En Hashimú, municipio Alto Orinoco, los yanomami se acostumbraron al ruido de las hélices: aeronaves que van y vienen con mineral, combustible y equipamiento para la minería ilegal, en un municipio donde hay una base aérea instalada precisamente para controlar el tráfico aéreo. Que fuera necesario destruir aviones de garimpeiros para frenar esa logística dice cuánto tiempo llevaba funcionando a la vista.

El precio lo pagan los mismos que oyen los aviones. Según los datos recopilados por agentes sanitarios yanomami, más de quinientas personas murieron en la Sierra Parima entre 2022 y 2024 por malaria y otras enfermedades tratables, y al menos ocho murieron de tuberculosis en seis meses en el hospital de Puerto Ayacucho. Survival International lo formula sin rodeos: el régimen «es plenamente consciente de la crisis, pero ha dejado que mueran personas que podrían haberse salvado».

Frente a eso, quienes ponen el cuerpo son las organizaciones indígenas. Tres años después del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, defensor uwottüja y coordinador de la Guardia Territorial del Sipapo, siguen buscando respuestas que nadie les da. Denunciar la minería en Amazonas sigue costando la vida, y seguir vivo no garantiza que te escuchen.

El 3 de agosto se registraron enfrentamientos armados en el municipio Maroa entre facciones del ELN y la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC. No es una disputa entre extranjeros en tierra de nadie: es una guerra por el control de un territorio venezolano donde el régimen dice ejercer soberanía y donde, en la práctica, no arbitra nada.

La marcha del 3 de julio por tres jóvenes desaparecidos en San Fernando de Atabapo marcó un punto de inflexión, porque por primera vez una protesta pública señaló directamente al ELN. Que las familias tengan que salir a la calle para nombrar lo que todos saben mide exactamente el tamaño del silencio oficial.

Y la violencia ya no ocurre lejos. Un desertor apareció muerto en el eje carretero norte tras intentar dejar el grupo armado; una mujer fue estrangulada con alambre de púas en Albarical; tres hombres fueron asesinados a tiros en una misma semana en Puerto Ayacucho y San Fernando de Atabapo. Sin investigaciones oficiales conocidas y con las comunidades calladas por miedo, lo que queda no es un vacío de autoridad: es una autoridad sustituida.

Ciento veintinueve emplazamientos mineros ilegales fueron identificados dentro del parque nacional Canaima. La minería avanza sobre Wonkén, Ikabarú, Parupita y la cuenca del Caroní, y la denuncia llegó hasta el Comité de Patrimonio Mundial: la UNESCO terminó exigiendo a Venezuela un plan para frenar la minería y el turismo descontrolados dentro de un sitio que el propio país inscribió en la lista.

El daño no se queda en el mapa. La deforestación masiva y la contaminación por mercurio de las cuencas hidrográficas están documentadas por Provea y por el sistema de monitoreo MAAP, y el Arco Minero del Orinoco funciona además como lavadero del oro contrabandeado desde Brasil. Un parque nacional dejó de ser una figura de protección para convertirse en una dirección donde ir a buscar oro.

La factura humana se paga aparte y en efectivo: diecisiete personas muertas trabajando en minas de Bolívar en los primeros seis meses de 2025, y una epidemia de tuberculosis en el Alto Caura donde veinte de las cincuenta y seis personas afectadas entre 2020 y 2024 murieron por falta de tratamiento, mientras el Ejecutivo municipal coacciona a los líderes indígenas para que declaren que no hay brote. No es que el régimen no llegue: llega, y llega a pedir que se calle el diagnóstico.

La frontera entre Venezuela y Brasil se ha convertido en un «ducto caliente» para el crimen organizado: el oro extraído ilegalmente fluye hacia el norte mientras la violencia, la corrupción y la enfermedad se arraigan en las comunidades del sur. La Policía Federal brasileña encadenó decomisos históricos en Roraima, y los reportajes de investigación han retratado la ruta completa: del contrabando hacia Europa vía Islas Caimán al blanqueo de metal brasileño en el Arco Minero.

Ese negocio ya no es un apéndice de la economía venezolana. El narcotráfico y la minería ilegal superan al petróleo como fuente de ingresos, y las alianzas que sostienen ese flujo —con Irán y con estructuras como Hezbolá— incluyen oro, cocaína y un componente que enciende todas las alarmas: el uranio venezolano. La relación entre el régimen y Teherán, según los analistas, hace tiempo que dejó de ser diplomática.

Sobre el terreno, el resultado es un territorio sin ley donde la gobernanza criminal dicta las reglas: asesinatos, explotación laboral, esclavitud moderna, violencia de género y minas que se disputan a tiros. La complicidad de funcionarios y el control territorial de bandas como el Tren de Guayana no son una anomalía dentro del sistema: son el sistema.

Una investigación de FundaRedes documentó la presencia del ELN, del Sindicato de Barrancas y de las FARC dentro del Delta. Los caños de Delta Amacuro son ricos en recursos y estratégicos por su salida al Atlántico y su cercanía a Trinidad y Tobago, y llevan más de seis años disputados por la delincuencia organizada. Hoy decenas de hombres armados que se identifican como antiguos combatientes de las FARC transitan con libertad, aseguran contar con la venia de Caracas y controlan el tráfico fluvial de drogas, mercancías y pasajeros, contra el deseo de los lugareños. Mientras tanto, en Araguaimujo las familias tuvieron que tomar una escuela para refugiarse de la crecida del Orinoco y piden que alguien empiece siquiera a registrarlas como damnificadas.

En la Guayana Esequiba la disputa fronteriza dejó de ser un asunto diplomático para convertirse en un foco de violencia y crimen organizado transnacional: grupos armados, contrabando de oro, un militar guyanés hallado muerto y denuncias de bandas criminales utilizadas para provocar una crisis. Sobre eso, el régimen montó una elección de gobernador con un candidato que se retiró por falta de garantías, colas para votar y presiones sobre los votantes.

Los dos territorios cuentan la misma historia por sus dos extremos: donde el régimen no gobierna, gobierna alguien, y lo que se proclama en las declaraciones se reparte en los ríos. La instrumentalización del conflicto sirve además para desviar la atención de la crisis interna, que es exactamente para lo que se usa.