Tendencia

Las tendencias socioambientales en el sur de Venezuela durante el período abril-agosto de 2025 confirman una peligrosa espiral de degradación ecológica y profundización de la crisis de derechos humanos, democracia y estado de derecho, estrechamente vinculadas a la expansión de la minería ilegal:

• Internacionalización del conflicto minero: La visibilización del Arco Minero del Orinoco en medios internacionales y organismos multilaterales ha aumentado, junto con denuncias sobre el tráfico transfronterizo de oro ilegal desde Brasil y Guyana hacia Venezuela. Decomisos históricos en Brasil y reportajes de investigación revelan redes de blanqueo de oro que involucran empresarios y políticos de ambos países.
• Contaminación y colapso ambiental: Informes de PROVEA y del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH documentan la contaminación mercurial de al menos seis cuencas hidrográficas y el impacto devastador sobre pueblos indígenas. La deforestación acelerada, la destrucción de ríos y la pérdida de biodiversidad se intensifican en áreas protegidas como Canaima y Caura.
• Reconfiguración territorial del extractivismo: Nuevas minas en Cárida, Wonkén, Parupita y Araparita dentro de parques nacionales evidencian el desplazamiento de la minería ilegal hacia zonas más remotas. La FANB mantiene un “semáforo minero” que regula informalmente la actividad extractiva, mientras se denuncian pactos entre militares y líderes mineros.
• Crisis sanitaria y violencia estructural: La expansión minera está asociada al aumento de enfermedades como malaria y tuberculosis, así como a condiciones de esclavitud moderna, violencia de género y muertes por accidentes mineros. En comunidades como Los Pijiguaos, se reportan tumores y lesiones graves por exposición a minerales como la casiterita. Gobernanza criminal y ausencia de estado de derecho: La presencia de grupos armados irregulares, enfrentamientos entre guerrillas, desapariciones forzadas y asesinatos revelan un control territorial paralelo. La impunidad y la falta de respuesta institucional consolidan regímenes de facto en zonas mineras.
• Tensión geopolítica y manipulación electoral: En el Territorio Esequibo, la disputa territorial se instrumentaliza políticamente, mientras se denuncian irregularidades en procesos electorales y presiones para votar. La militarización y el contrabando de oro desde esta zona agravan la crisis regional.
• En conclusión, la tendencia apunta a una consolidación del extractivismo ilegal como eje articulador de violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental y debilitamiento institucional. La minería ilegal no solo destruye ecosistemas, sino que perpetúa un modelo de gobernanza criminal que amenaza la paz, la democracia y la vida en la Amazonía venezolana.