TransBolívar y PNB: El combustible del Estado al servicio de la minería
La persistencia de la minería ilegal al sur del Orinoco no se explica únicamente por la acción de grupos armados, sino por la participación directa y sistemática de organismos del Estado en su cadena logística. Durante marzo de 2026, el monitoreo del Observatorio registró denuncias alarmantes que señalan cómo vehículos destinados al servicio público y a la seguridad ciudadana han sido reconvertidos en herramientas para el tráfico de combustible. Esta desviación de recursos ocurre en un contexto de colapso de los servicios básicos en las principales ciudades del estado Bolívar.
En el municipio Piar, usuarios han documentado el uso de unidades de la empresa pública regional TransBolívar para el transporte de combustible hacia el sector El Cintillo, cerca de Upata. Según los reportes, al menos diez autobuses de la flota oficial son utilizados diariamente para cargar 450 litros de gasolina cada uno, los cuales son posteriormente vendidos en las zonas mineras. Esta operación no solo drena el inventario de combustible destinado al transporte público, sino que utiliza la infraestructura del Estado para financiar economías ilícitas bajo un esquema de total impunidad.
La corrupción alcanza niveles críticos en Ciudad Guayana, donde se ha denunciado la participación de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en actividades mineras en el río Caroní. Específicamente, se señala el uso de patrullas policiales para el traslado de insumos y combustible hacia el lago Macagua y el sector Toro Muerto. Esta actividad no solo pervierte la función policial, sino que contamina fuentes hídricas destinadas al consumo humano, exponiendo a la población de Ciudad Guayana a residuos de aceites y químicos propios de la actividad minera fluvial.
Estas evidencias rechazan la hipótesis de una interrupción del flujo de gasolina hacia las minas. Por el contrario, muestran una "reconfiguración perfectamente coordinada" donde el combustible es tratado como un activo estratégico de control. Mientras la ciudadanía es sometida a un control estricto en las estaciones de servicio, los activos del Estado garantizan que la maquinaria extractiva —que sostiene el sistema de poder regional— cuente con el suministro necesario para operar de día y de noche.