Detrás de la fachada de apertura política y económica en Venezuela, el sur del Orinoco se consolida como un territorio de gobernanza híbrida donde el Estado y los grupos armados coexisten. Entre la destrucción de parques nacionales y el tráfico de oro de sangre, la región enfrenta una peligrosa mutación del extractivismo hacia un modelo institucionalizado que asegura el control social y territorial a través de la violencia.
El inicio de 2026 ha marcado un punto de inflexión sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno provisional, el país ha proyectado hacia el exterior una imagen de apertura económica y descompresión política, simbolizada por el regreso de organismos multilaterales y la flexibilización de sanciones petroleras. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalización y de las nuevas leyes mineras diseñadas para atraer capital extranjero, el sur del Orinoco permanece sumergido en una realidad paralela donde el Estado de derecho es inexistente y la soberanía se negocia bajo el fuego de las armas.
Este noveno informe del Observatorio Socioambiental (OSV) revela una contradicción alarmante: mientras el discurso oficial habla de una transición vigilada y de una minería "legalizada", los datos recopilados en el terreno denotan la consolidación de un sistema de gobernanza híbrida. En los estados Amazonas y Bolívar, la liberación de licencias internacionales para la comercialización de oro ha chocado frontalmente con la persistencia de redes delictivas que controlan la extracción. Lo que se presenta como una reincorporación al sistema financiero global está, en la práctica, oxigenando estructuras de corrupción y permitiendo que el "oro de sangre" siga financiando el control social y territorial de grupos irregulares.
Para comprender la verdadera naturaleza de este nuevo periodo histórico, hemos analizado la dinámica socioambiental a través de cuatro interrogantes críticas. Este enfoque no solo documenta la degradación ecológica y la vulneración de derechos indígenas, sino que evalúa si los cambios en Caracas han tenido un impacto real en las profundidades de la selva. A continuación, desglosamos los hallazgos que explican cómo el extractivismo ha mutado de una actividad desorganizada hacia un modelo institucionalizado y transnacional que redefine la criminalidad en el sur de Venezuela.
Lejos de retirarse, los grupos armados colombianos han consolidado feudos territoriales en el occidente de Bolívar, desplazando comunidades indígenas y controlando rutas estratégicas de narcotráfico y minería.
En el municipio Sifontes, Fabio González ha suplantado las funciones básicas del Estado, gestionando desde la infraestructura aeroportuaria hasta la alimentación escolar, financiando su control mediante el monopolio del oro en el río Cuyuní.
El avance de las bandas armadas desde el norte de Bolívar hacia la frontera con Brasil ha roto la paz histórica de la Gran Sabana, manifestándose en sicariatos a plena luz del día y ataques frontales contra las autoridades del Pueblo Pemón.
La logística del extractivismo aurífero ha convertido los ríos del sur en autopistas de combustible, donde miles de tambores flotantes navegan bajo el amparo de una red de complicidades que burla todo control militar.
Mientras la ciudadanía enfrenta un racionamiento eléctrico y de transporte sin precedentes, activos estratégicos de la policía nacional y empresas públicas de transporte son desviados para abastecer el mercado negro de combustible en las zonas mineras.
Mientras las estaciones de servicio en las ciudades del sur permanecen cerradas y los ciudadanos son racionados a niveles críticos, el mercado negro garantiza un flujo ininterrumpido de miles de litros hacia los yacimientos de oro.
La actividad extractiva ha penetrado en las áreas más sensibles del Patrimonio de la Humanidad, donde balsas mineras destruyen el cauce del río Carrao y maquinaria pesada transforma comunidades ancestrales como Wonkén en nuevos centros de explotación.
La actividad extractiva ha mutado hacia una fase industrial de minerales críticos. La incautación de toneladas de tierras raras, casiterita y coltán en la frontera con Colombia confirma que el despojo del sur ya no se limita únicamente al oro.
La proliferación de balsas mineras de gran envergadura en el Sector 3 de la Gran Sabana marca el fin del control ancestral indígena, convirtiendo el lecho del río Caroní en una fuente de sedimentos que amenaza la energía del país.
Detrás del discurso de modernización, la nueva Ley de Minas centraliza el poder extractivo, militariza los yacimientos y permite el blanqueo de mineral en un territorio dominado por grupos armados.
El retorno de gigantes mineros al sur de Venezuela bajo el amparo de nuevas licencias de la OFAC choca con una realidad ineludible: en el terreno, el control no lo tiene el Estado, sino un complejo entramado de sindicatos y grupos armados.
La disolución formal de Minerven en favor de la Corporación Venezolana de Minería (CVM) sella un cambio estructural: el paso de un modelo industrial estatal a un sistema de alianzas estratégicas que coexiste con el pranato y las élites políticas.
La región al sur del Orinoco ha dejado de operar bajo la lógica del Estado para convertirse en un territorio de gobernanza híbrida. En este espacio, la soberanía se negocia diariamente entre fuerzas estatales y grupos armados irregulares, teniendo como único motor la extracción de oro y otros minerales estratégicos.
La situación actual al sur de Venezuela es de crisis en crecimiento, pasando de ser un problema socio ambiental a una amenaza a la seguridad regional y humana. La destrucción del ecosistema nativo y el tejido social indígena sugiere un impacto que tomará décadas revertir, incluso si cesaran las actividades mineras hoy mismo.
El sur de Venezuela no enfrenta una "crisis de delincuencia común", sino un proceso sistemático de despojo territorial. La supervivencia de las comunidades indígenas y la integridad del ecosistema amazónico-guayanés venezolano depende de la desarticulación del nexo entre la extracción de recursos y los grupos criminales organizados.