Los desalojos producen un ciclo de intervención, reacomodo y reocupación

Los datos no reflejan un incremento represivo sostenido, sino picos puntuales. Los operativos militares y desalojos de la FANB alcanzaron su máximo en junio de 2026, con nueve eventos, y disminuyeron significativamente en julio y agosto.

La curva es concluyente. Si existiera una política de erradicación, los desalojos, las aprehensiones y la quema de campamentos habrían mantenido una tendencia ascendente de junio a agosto; lo que muestran los registros es un pico aislado seguido de un retroceso, mientras los eventos de actividad minera y de control de los GAO volvían a subir.

Las acciones suelen ser espectaculares y temporales: se inutilizan motores, se queman chozas, campamentos y toldos y se difunden fotografías institucionales. Cuando las comisiones se retiran, los mineros y los grupos armados regresan en cuestión de días o semanas.

Lo que falta en todas esas incursiones es lo único que cambiaría algo: presencia permanente. No se instalan puestos de vigilancia, no se asignan guardaparques, no queda funcionario alguno responsable del sector recuperado. La operación termina cuando termina la difusión.

El doble terremoto que afectó el centro-norte de Venezuela pudo contribuir a paralizar las iniciativas posteriores al operativo contra «Niño Guerrero». Aunque no golpeó directamente al sur, desvió atención y facilitó la reorganización del sistema policial, militar y criminal.

El desalojo en un punto no elimina la minería; provoca la rotación de cuadrillas hacia frentes secundarios y áreas protegidas. Es un ciclo de intervención, reacomodo y reocupación.

Ese ciclo tiene además un efecto ambiental perverso que el discurso oficial nunca menciona: cada operativo empuja frentes hacia el Parque Nacional Canaima, la cuenca del Caura o el estado Amazonas. La actividad no se reduce, se traslada a los lugares donde el daño es mayor y la vigilancia, inexistente.

La relación cotidiana entre agentes estatales y minería tampoco es puramente represiva. Diversas denuncias describen extorsión, cobros en gramos de oro y porcentajes del combustible que atraviesa los puestos de control.

Por eso las intervenciones se parecen menos a una política pública que a un instrumento de negociación. Suelen activarse cuando se rompen los acuerdos entre facciones y autoridades locales, o cuando conviene tomar el control de un punto de acopio o de una ruta de combustible; es decir, cuando hay que meter en cintura a quien dejó de pagar lo que se le exige.

La conclusión que sostiene la evidencia es incómoda para el gobierno interino y para el régimen que lo sustenta: no hay campañas permanentes ni aumento sostenido de los desalojos, sino operativos de corto alcance y alta visibilidad mediática, seguidos de la reocupación inmediata y de la cohabitación informal entre mineros, grupos armados y funcionarios en los mismos yacimientos.