Décima edición
Observatorio socioambiental
La décima edición del Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela analiza la crisis de derechos humanos y extractivismo en la Guayana venezolana tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026. Bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez y un convulso estancamiento político, la región se consolida como un enclave de violencia militarizada, evidenciado por el reciente abatimiento del líder del Tren de Aragua mediante un operativo del Comando Sur en el estado Bolívar.
- Periodo documentado
- Mayo de 2026 - Agosto de 2026
Resumen de la situación
En esta décima edición del Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela (OSV), correspondiente al período mayo–agosto de 2026, continuamos con el seguimiento que hacemos de la crisis socioambiental al sur del Orinoco. El observatorio se nutre de registros locales, testimonios comunitarios, reportes periodísticos y documentos institucionales, con foco principalmente en la actividad minera, en los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Esequibo, así como en su dinámica transfronteriza con Brasil, Colombia y Guyana. El objetivo es aportar un análisis crítico basado en la situación de los derechos humanos, políticos y ambientales, visibilizando los impactos sobre comunidades indígenas y locales, así como en los ecosistemas estratégicos, documentando la discrepancia entre los anuncios y versiones oficiales, con la realidad del terreno.
En este período el panorama político general de Venezuela se caracterizó por la continuidad del régimen interino de Delcy Rodríguez, marcado por el fin del estado de excepción y un alivio de las sanciones al régimen, por parte de Estados Unidos de América, en el marco de la apertura total del acceso a los recursos petroleros del país por parte de EUA, todo en el marco de la conocida situación de tutelaje político que se instauró a raíz de la captura de Nicolás Maduro, en enero de este año. Sin embargo, el proceso de supuesta apertura democrática que se asumió ocurriría a raíz de estos sucesos, sufrió un retroceso en el ámbito de los derechos humanos tras la suspensión de la Ley de Amnistía por parte del régimen, y la congelación del proceso de liberación de presos políticos, medidas que eran indispensables para avanzar en dicho proceso.
A nivel institucional e internacional, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó en julio la continuidad indefinida del interinato, al tiempo que se iniciaron mesas de diálogo fragmentadas con sectores de la oposición para discutir un eventual calendario electoral. Estratégicamente, el gobierno buscó blindar a la cúpula del régimen solicitando el retiro de Venezuela del Estatuto de Roma ante la Corte Penal Internacional, mientras paralelamente enfrentaba la gestión de emergencias humanitarias derivadas del gran terremoto de La Guaira, acaecido el 24 de junio. Finalmente, se inició un proceso de “diálogo” entre el régimen venezolano y la Asamblea Nacional del 2015, bajo la supervisión o visto bueno del gobierno de los Estados Unidos, dentro del Plan de Tres Fases (estabilización, recuperación económica y reconciliación política), con la supuesta finalidad de lograr una «transición pacífica» y la restauración de las instituciones democráticas.
En este marco, el conocido máximo líder del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", fue abatido el 12 de junio de 2026 durante un ataque aéreo teledirigido de precisión del Comando Sur de Estados Unidos en Las Claritas (estado Bolívar), lo cual habría sido parte de una operación conjunta de intercambio de inteligencia con el gobierno interino venezolano. El operativo puso fin a la clandestinidad de Guerrero —quien se refugiaba en las zonas mineras del sur del país desde su fuga del penal de Tocorón en 2023—, asestando un golpe a la cúpula de esta organización criminal venezolana, conocida por sus ramificaciones internacionales.
Tendencia
Es previsible que ante el cambio de gobierno en Colombia, y la política del nuevo presidente Abelardo de la Espriella de combate directo a las guerrillas (Discidencias de las FARC y ELN), esto signifique un repliegue de elementos de esos GAO hacia Venezuela, además de la intensificación de sus actividades de aquellos grupos que ya se encuentran en Venezuela. La reacción de estos grupos en Colombia, a partir de la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia, ha sido violenta y de hostigamiento a las fuerzas militares y policiales en ese país.
Es posible que el gobierno provisional de Venezuela, tutelado por USA, sea forzado a realizar operaciones contra tales grupos dentro del territorio venezolano, por lo que podrian intensificarse los choques entre las FANB y las guerrillas. Esto podría influir en las dinámicas con los otros GAO.
Es posible que en el corto plazo se den pasos más concretos en la instalación de empresas mineras formales en espacios del estado Bolívar.
A pesar de que no hay evidencias de que los operativos militares no han expulsado a los grupos armados de la región, sigue siendo previsible que los GAO pacten con las empresas la posibilidad de prestarles seguridad y garantizarles condiciones de trabajo acordes con sus expectativas.
Tal vez para el cierre de año tengamos una disminución de los GAO presentes al Sur del Orinoco tanto por salidas como por fusiones, así como de procesos de fortalecimiento de algunas de estas organizaciones, sobre todo del ELN y las disidencias de las FARC cuyos territorios se disputan.
Hipótesis
Hipótesis 1
Las empresas mineras formales internacionales han empezado a establecerse o a buscar oportunidades, principalmente en el estado Bolívar
En la totalidad de las descripciones de hechos sobre el terreno no existe ni un solo registro de la llegada, instalación u operación de empresas mineras corporativas, privadas o trasnacionales. El extractivismo en el Sur del Orinoco sigue completamente dominado por la minería informal e ilegal mecanizada —balsas, dragas y molinos—, operada por cuadrillas de mineros y protegida o administrada por estructuras irregulares.
Sin embargo, hay rumores de que algunos emisarios o agentes de compañías han empezado a recabar información sobre las condiciones laborales y de seguridad, especialmente en El Callao, Las Claritas y el Kilómetro 88, después de las operaciones militares en las que se habría liquidado a «Niño Guerrero» en junio de 2026.
Hipótesis 2
Pactos entre Grupos Armados Organizados (GAO) y empresas mineras formales
Al no haber presencia de empresas mineras formales instaladas en los yacimientos, no existe la contraparte corporativa con la cual los Grupos Armados Organizados puedan entablar acuerdos. En la práctica, los pactos, la cohabitación y las extorsiones de los GAO suceden con pequeños mineros, redes de contrabando de combustible y funcionarios de control estatal.
El modelo imperante es el de una gobernanza criminal directa: los grupos armados poseen de facto el yacimiento o el territorio, explotan las minas, subordinan a las cuadrillas, administran justicia local, controlan la circulación y cobran un porcentaje del oro.
Sucesos que la sostienen
Hipótesis 3
Desplazamiento de pequeños mineros por el avance corporativo
Los pequeños mineros sí se desplazan constantemente hacia otros sectores, pero no por la llegada de empresas mineras formales. Se mueven por la violencia y la extorsión de los GAO y sindicatos, el agotamiento de vetas y yacimientos aluvionales, el acoso de la guerrilla y los operativos militares intermitentes.
La hipótesis resulta falsa respecto a su causa, pero cierta respecto al fenómeno: la movilidad existe y empuja a las cuadrillas hacia yacimientos remotos, ríos secundarios y áreas protegidas.
Hipótesis 4
Expansión de la minería informal desordenada en áreas protegidas
Los datos confirman la expansión sin pausa de frentes mineros y balsas de succión dentro de áreas protegidas: Canaima, Yapacana, Duida-Marahuaca, Caura, Parima-Tapirapecó, Serranía La Neblina y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.
La apertura de nuevos frentes es impulsada por el agotamiento o la competencia en zonas tradicionales, la búsqueda de lugares selváticos con poca fiscalización, el desplazamiento de mineros y la protección que ofrecen los grupos armados irregulares.
Hipótesis 5
Incremento de la represión militar y desalojos forzados por el gobierno
Las descripciones no muestran una política represiva, policial o de desalojo sostenida en el tiempo. La actuación estatal responde a operativos militares episódicos, de relativa alta visibilidad mediática pero corta duración.
Las incursiones queman campamentos y destruyen algunos motores, provocan un desplazamiento temporal o «efecto globo» y son seguidas por el retorno de los mineros y la reocupación de los yacimientos.
Conclusiones
A continuación planteamos conclusiones para el periodo analizado, mayo-agosto 2026, derivadas de comentar nuestro propio “análisis integrado” expuesto en la novena edición del Observatorio Socioambiental del Sur de Venezuela (OSV), correspondiente al período enero–abril de 2026.
En definitiva, no se aprecia ninguna consecuencia sobre el terreno de las liberaciones de las licencias OFAC que pudieran implicar la entrada de nuevos actores empresariales, en el sector minero aurífero al menos.
La coexistencia híbrida sigue existiendo, incluso a pesar del operativo de neutralización física del conocido líder criminal, alias Niño Guerrero.
Dado que no hay evidencias de que hayan entrado en forma visible tales empresas mineras, tampoco se puede apreciar que haya habido alguna interacción con los grupos criminales que dominan la región.
La profundización de la crisis socioambiental, del daño a los ecosistemas, etc, sigue de acuerdo a las pautas que hemos reportado en los últimos años, en concordancia con la ausencia de tales empresas.
El oro como dinamizador de la economía de la región, aunque también hay que mencionar a otros minerales como el coltan y la casiterita, aunque en menor grado, sigue siendo indiscutible. El tráfico de combustible y mercurio, como motores de dicha economía, también sigue siendo indiscutible, y para nada se ha modificado.
Las áreas protegidas siguen siendo terreno abierto para la ampliación de las operaciones mineras ilegales, sin ninguna medida gubernamental que sea eficaz o permanente, sólo limitada por la propia accesibilidad física a tales sitios.
Los GAO siguen siendo los actores fundamentales operativos de todas las dinámicas sociales y económicas al Sur de Venezuela.