Las alianzas reales conectan minería informal, Estado y contrabando

Al no haber nuevas empresas mineras instaladas en Sifontes, Gran Sabana o El Callao, no existe un actor corporativo formal con el cual los GAO puedan estar entablando alianzas, pactos o contratos de protección.

Con los mineros informales y pequeños extractores, los grupos armados no pactan de igual a igual: imponen las reglas, cobran un gramaje del oro extraído, controlan la venta de insumos, manejan la seguridad informal de la mina y regulan quién entra o sale de los yacimientos.

Con actores estatales y cuerpos de seguridad, las descripciones muestran redes de cohabitación o tolerancia mutua en puntos de control y zonas de acopio. El pacto es ilícito: cobro compartido de comisiones por el paso de combustible, lubricantes y material minero.

Ese es el punto que ninguna versión oficial admite. La relación entre el aparato armado del régimen y la economía criminal del oro no es de persecución sino de reparto; los puestos de control no interrumpen la cadena, la gravan. Cada alcabala es una aduana informal donde el Estado cobra su parte sin dejar constancia de nada.

Con comerciantes y redes de contrabando existen alianzas para mover diésel, gasolina y mercurio y para comercializar el oro hacia Brasil o los centros urbanos. Esas son las alianzas que sostienen la economía minera real.

Son además alianzas muy dinámicas y cambiantes: se rehacen cada vez que un cabecilla cae, un operativo altera el mapa o una facción decide cobrar más. Esa inestabilidad explica buena parte de los homicidios del período, porque cada renegociación se salda con muertos antes que con acuerdos.

El combustible funciona como la «moneda fuerte» del Arco Minero. Cadenas de custodia irregulares en los puntos de control vial permiten que gasolina y diésel lleguen a bombas de achique, dragas y maquinaria extractiva mientras escasean en los poblados.

El contrabando transfronterizo desde Brasil hacia el sur del estado completa el circuito, y con él llega también el mercurio que termina en los ríos. Se trata de un mercado que no depende del dinero en efectivo sino del acceso al combustible: quien controla los tambores controla quién puede trabajar y quién no.

La prioridad otorgada a las minas deteriora los servicios: se paralizan el transporte, las ambulancias, las bombas de agua y la generación eléctrica local. Los molinos se desplazan hacia las márgenes de la Troncal 10 y aumentan la presión sobre el servicio eléctrico entre Guasipati y Santa Elena de Uairén.

La escasez, por tanto, no es una fatalidad: es el resultado de un desvío deliberado. El combustible que no llega a un ambulatorio de El Dorado está alimentando una bomba de achique en una fosa, y esa decisión la toman quienes administran los puntos de control, no el azar ni la crisis económica.

Ninguna de estas alianzas necesita a una empresa minera para funcionar, y esa es la respuesta que arrojan los eventos del período. El negocio del oro en Bolívar ya tiene sus socios: el sindicato que cobra el gramaje, el funcionario que deja pasar el tambor, el comerciante que vende el mercurio y el comprador que saca el mineral hacia Brasil o hacia Puerto Ordaz.