La guerrilla controla la cadena minera y fluvial en Amazonas

En Amazonas, la relación de las facciones del ELN y las disidencias de las FARC con la minería no es de alianza con empresas, sino de monopolio directivo sobre la economía ilegal.

Los grupos armados regulan el paso de balsas, motores, mercurio y tambores de gasolina que suben desde Puerto Ayacucho hacia Atabapo, Río Negro y Alto Orinoco. La cadena también se alimenta desde Puerto Inírida, en Colombia.

Balseros, pequeños mineros informales y garimpeiros brasileños y colombianos operan subordinados a esas estructuras, que cobran «vacunas» o un porcentaje del oro extraído. En los pasos fluviales estratégicos existen redes de tolerancia o pactos de no agresión con sectores locales y militares para permitir la circulación de la renta minera.

Puerto Ayacucho, donde se concentra el 68 % de los eventos del estado, funciona como el cuello de botella de todo el sistema: por allí entran los víveres y el combustible que después se desvían al interior minero. La ciudad vive los apagones, la escasez de gasolina y la criminalidad; el interior recibe lo que de allí sale.

En Atures, Atabapo y la frontera con Colombia, los grupos irregulares ejercen un control social de bajo perfil: administran el acceso a los ríos, regulan el tránsito de embarcaciones y combustible y controlan la logística del oro y de otras economías ilícitas.

Es una forma de dominio distinta a la de los sindicatos de Bolívar. No hay terror ostensible ni disputas ruidosas por una veta: hay normas, permisos, peajes y castigos para quien no acata. Un control silente que resulta más difícil de documentar y, por eso mismo, más cómodo para un régimen que puede seguir afirmando que en Amazonas no ocurre nada.

El eje entre Puerto Ayacucho, El Burro y Puerto Páez está sometido a la disputa entre el ELN y las disidencias de las FARC. La filtración de nombres, coordenadas y funciones internas forma parte de una guerra de información que expone también a habitantes y líderes comunitarios.

Detrás de la divulgación pública de esos datos —nombres, ubicaciones, oficios de integrantes del ELN— aparecen miembros de las FARC-D. El contraespionaje entre ambas estructuras busca debilitar al rival exponiendo sus puntos clave, pero lo que consigue es calentar el territorio y convertir a cualquier vecino en sospechoso de colaborar con uno de los bandos.

El Estado no aparece en ninguna parte de ese corredor. Las comunidades quedan atrapadas entre dos fuegos, sin autoridad a la que acudir y sin registro oficial de lo que les ocurre; el asesinato del capitán indígena Julio Rodríguez en Los Pijiguaos es el ejemplo más grave de ese vacío durante el período.

El modelo imperante es el control fluvial y extractivo directo de la guerrilla sobre las balsas, los garimpeiros y las rutas de contrabando de combustible.