En Amazonas no entran empresas, pero se profundiza la minería fluvial ilegal

En el estado Amazonas no existe ningún registro que constate la llegada, instalación, adquisición de concesiones, inicio de operaciones de empresas mineras formales —privadas, públicas o internacionales— ni exploraciones o contactos preliminares.

El Decreto 269 de 1989 prohíbe expresamente toda actividad de exploración y explotación minera en el estado. Esto no impide que exista minería ilegal rampante, pero inhibe una actuación directa del Estado venezolano en su promoción o aval. A diferencia de Bolívar, donde el decreto del Arco Minero promueve la actividad con apariencia de legalidad, en Amazonas es por definición completamente ilegal y, en teoría, clandestina.

Esa clandestinidad teórica es la coartada perfecta. Como oficialmente no hay minería que regular, tampoco hay guardería ambiental que financiar, funcionarios que responder ni cifras que publicar; y sin embargo las dragas trabajan a plena luz sobre ríos que cualquiera puede recorrer en curiara.

De los cincuenta eventos únicos documentados en el estado, la mayor parte se concentra en Puerto Ayacucho, pero la extracción vive en el interior. En Atabapo y Río Negro operan dragas y balsas móviles sobre el Orinoco, Atabapo, Guainía, Casiquiare y Negro. Succionan el lecho de los ríos mediante motores de alto caballaje y vierten mercurio en los cauces. Al moverse, esquivan los patrullajes y entran en áreas como Yapacana y la Reserva de Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.

La maquinaria exige combustible, generadores, motobombas, mangueras y repuestos que circulan por rutas fluviales consolidadas. La recurrencia de esos insumos en lugares de acceso restringido revela fallas sistémicas de control territorial y la posible articulación de agentes estatales con los grupos irregulares que custodian las áreas de extracción.

Esas rutas tienen un núcleo conocido y documentado en ediciones anteriores del observatorio: la ciudad colombiana de Puerto Inírida, desde donde suben motores, mercurio y combustible hacia los frentes de succión. Un tambor de gasolina no llega solo a un caño del Atabapo: atraviesa alcabalas, puntos de control y ojos que deciden no verlo.

El resultado sobre el terreno es una minería nómada, sin cuadrilla fija ni domicilio, que abre frentes donde antes no había actividad y se repliega en cuanto aparece una comisión. Ese nomadismo es precisamente lo que hace irrelevante el debate sobre la llegada de empresas: no hay nada que formalizar, porque lo que existe está diseñado para no dejar rastro.

Las comunidades Yanomami, Ye’kwana y Sanema del Alto Orinoco son las que pagan la cuenta. La contaminación de las aguas rompe la pesca y el conuco, los brotes de malaria se multiplican y la red ambulatoria que debería atenderlos lleva años desmantelada. La minería que el régimen dice no permitir en Amazonas es la que está enfermando a esos pueblos.

La realidad es una profundización de la minería fluvial ilegal, fragmentada y móvil, operada por cuadrillas informales y garimpeiros bajo la tutela y el control de grupos armados irregulares en parques nacionales y zonas de alta fragilidad ecológica.