Los GAO ejercen una gobernanza criminal directa sobre las minas de Bolívar

En Sifontes, Las Claritas, el Kilómetro 88 y El Callao se mantiene un modelo en el que los Grupos Armados Organizados y los «sindicatos» ejercen funciones de orden público, regulan el acceso a las vetas y depósitos aluvionales, imponen impuestos al gramaje de oro e intervienen en disputas comunitarias.

No se trata de un escenario donde una empresa privada contrata a un grupo armado para operar. El GAO posee de facto el yacimiento o el territorio, explota la mina directamente o subcontrata y extorsiona a cuadrillas de mineros informales, administra la justicia local, impone penas y controla la economía de los poblados adyacentes.

Treinta y ocho de los 141 eventos únicos del estado describen precisamente ese control. No son hechos aislados de violencia: son la evidencia de un gobierno paralelo que cobra tributo, dicta normas, castiga y decide quién entra y quién sale de una mina, en un territorio donde el Estado venezolano se limita a aparecer de visita.

Después del operativo militar en Las Claritas y Kilómetro 88 y la supuesta muerte de «Niño Guerrero», parece haber ocurrido un reordenamiento de las bandas y una concentración del poder en figuras conocidas como Juancho, Fabio González y Ronny Matón, cabecilla del Tren de Guayana en El Callao.

La Guardia Nacional, la DGCIM y el SEBIN permanecieron en estas zonas, pero comenzaron a rehacer alianzas con liderazgos antiguos ante la imposibilidad de mantener el control. El regreso de Juancho lo fortalece junto al Negro Fabio en El Dorado, mientras Johan Petrica conserva un lugar central dentro del Tren de Aragua.

Ese reacomodo desmiente por sí solo el relato oficial del golpe al crimen organizado. Los cuerpos que se quedaron en el terreno no desmontaron el sistema: negociaron con él. Y los dos hombres que salen fortalecidos de la operación —Juancho en Sifontes, el Negro Fabio en El Dorado— parecen hoy intocables, precisamente porque son quienes garantizan que la renta del oro siga fluyendo con un mínimo de orden.

La opacidad gubernamental acompaña este reacomodo. En redes sociales reaparecen contenidos favorables al modelo impuesto durante la gestión de Francisco Rangel Gómez, como si la salida frente al desorden actual fuera regresar a un sistema anterior de control político y criminal de los yacimientos.

No es una nostalgia espontánea. Fue Rangel Gómez quien, desde la Gobernación de Bolívar, puso a Juancho a dirigir el funcionamiento de algunos de los mayores yacimientos del estado; la campaña que hoy lo reivindica busca que propios y foráneos acepten como solución el mismo esquema que produjo el problema. El régimen aporta la otra mitad de la operación: silencio institucional y ninguna información verificable sobre lo que ocurrió en junio.

La extracción continúa bajo una gobernanza paralela en la que el control de las minas se traduce en barreras al libre tránsito, extorsión a comerciantes y homicidios selectivos cuando se rompen los pactos informales.

Para quien vive en esos poblados, el efecto es cotidiano y medible: quien denuncia se expone, quien reclama pierde el acceso a la mina, quien comercia paga dos veces —al sindicato y al funcionario— y quien muere en un derrumbe rara vez aparece en un registro oficial. La vida queda supeditada al valor de la grama de oro.